Esta historia fue originalmente publicada en junio.
La mañana del 29 de abril, Luis López se dirigió desde su apartamento en Woodhaven, Queens, al tribunal de inmigración en 26 Federal Plaza. Llevaba consigo una carpeta de manila con su formulario I-589 de Solicitud de Asilo.
Después de casi un año buscando abogados pro bono para su caso de asilo defensivo, López comenta que varias organizaciones le informaron que no podían ayudarle por estar a máxima capacidad. “Me sentía perdido, sin conocer el idioma ni nada”, dijo, agregando que cada vez que acudía al tribunal, el juez le pedía que regresara con su solicitud de asilo preparada. “Mi hijo me dijo que si no presentaba la solicitud antes del 1 de mayo, me deportarían”, añadió. “Ahí fue cuando me apresuré y pedí a un amigo que sabía inglés que me ayudara”.
Desde la primavera de 2022, 200,000 migrantes han llegado a Nueva York, muchos de los cuales tienen casos de asilo defensivo tras entregarse en la frontera. Un análisis de datos de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) muestra que en 2023, aproximadamente la mitad de los inmigrantes que comparecieron en el tribunal de inmigración en 26 Federal Plaza no tenían representación legal, y que hay más personas sin representación este año que en los cinco años anteriores combinados. Sin representación, numerosos estudios demuestran que la probabilidad de obtener asilo y permanecer legalmente en EE. UU. se reduce drásticamente. Los defensores señalan que la financiación de Nueva York para servicios legales pro bono no es suficiente para cubrir la demanda.
El análisis fue proporcionado a Documented por Mobile Pathways, una organización tecnológica sin fines de lucro que promueve el acceso equitativo a la inmigración y apoya a inmigrantes desatendidos y organizaciones sin fines de lucro asociadas.
López, de 61 años, trabajaba como carpintero en Ecuador antes de llegar a Nueva York en mayo de 2023 y no habla inglés. Ese día de primavera, se dirigía al tribunal de inmigración para representarse a sí mismo y entregar el formulario que determinaría su futuro para recibir asilo en el país. Este era su tercer viaje al tribunal y la última oportunidad para presentar su solicitud antes de que se cumpliera el plazo de un año desde su ingreso a EE. UU., tras lo cual su asilo podría ser negado y eventualmente deportado.
En 2019, una pandilla local atacó a López y le lesionó la pierna derecha, lo que requirió la implantación de tornillos de metal en los huesos, dijo. Después del ataque, pasó varios años escondido en el oriente de Ecuador. Decidió viajar a EE. UU. para buscar asilo en febrero de 2023, un viaje que duró tres meses.
Su hermano, que vive en Nueva York desde hace tres años, pagó el vuelo para que la familia volara a la ciudad y les ayudó a encontrar un apartamento en Queens. “Él me ayuda con el alquiler y me envía dinero”, dijo López, quien paga $1,400 al mes con una combinación del dinero que le da su hermano y los ingresos de su hijastro, quien vende dulces ecuatorianos — espumillas y quimbolitos — en la Avenida Roosevelt en Jackson Heights.
Aunque el pago del alquiler añade estrés, López dijo que lo que más le preocupa es no tener un abogado que represente a su familia en el tribunal de inmigración.
“Me presenté y le dije [al juez] que no tengo abogado”, relató sobre su segunda cita en la corte de inmigración el 25 de abril. Dijo que el juez le dio otra fecha de audiencia y le pidió que regresara con su solicitud de asilo, el formulario I-589, listo para ser presentado, incluso sin abogado.
López también buscó abogados privados de inmigración, pero dice que el costo es muy alto, a veces más de 10.000 dólares. “Estoy atrapado, no sé qué hacer. Soy carpintero y quiero trabajar, pero no puedo.”
77,256 audiencias
Según datos del tribunal de inmigración obtenidos por Mobile Pathways, en 2018, aproximadamente el 87% de las personas que acudieron al tribunal de inmigración de 26 Federal Plaza tenían representación legal. Cinco años después, en 2023, menos de la mitad — aproximadamente el 46% — tenía un abogado.
“Es una caída preocupante porque es fundamentalmente injusto cuando alguien enfrenta la deportación sin un abogado, teniendo que enfrentarse a un abogado del gobierno entrenado y estar sujeto a un contrainterrogatorio”, dijo Rosie Wang, gerente de programas de la Iniciativa para el Avance de la Representación Universal del Instituto Vera. La iniciativa trabaja para proporcionar abogados financiados públicamente para inmigrantes detenidos y aboga por la representación financiada por el gobierno federal en los tribunales de inmigración.
Los datos también muestran que el número total de personas con audiencias en el tribunal de inmigración ha crecido sustancialmente desde 2018. Ese año, 39,206 personas tuvieron audiencias en el tribunal de inmigración de Federal Plaza. En 2023, el número casi se duplicó, alcanzando los 77,256.
“Las consecuencias son amplias y graves”, dijo Wang sobre las personas que se presentan en el tribunal de inmigración sin representación.
Quienes hablaron con Documented señalaron que una confluencia de factores podría estar contribuyendo a la disminución en las tasas de representación, incluyendo recortes presupuestarios que afectaron programas como el Rapid Response Legal Collaborative, que proporcionaba asistencia legal a los migrantes recién llegados. Los proveedores legales ya estaban saturados antes de la pandemia.
“Estamos muy felices de atender a los migrantes recién llegados, solo que las organizaciones han tenido que ponerse al día”, dijo Tania Mattos, directora ejecutiva interina de UnLocal, una organización sin fines de lucro que ayuda a los inmigrantes a conectarse con servicios legales y que ha asistido a los migrantes recién llegados.
A medida que el número de personas en el tribunal de inmigración ha aumentado, las audiencias se han retrasado. Al final del año fiscal 2023 (30 de septiembre), el retraso en inmigración era de aproximadamente 2.8 millones de casos, según TRAC. Pero al final de abril, el retraso alcanzó más de 3.5 millones de casos, el más alto de todos los tiempos. Durante el mismo periodo, las tasas de representación han disminuido a nivel nacional, del 65% al final del año fiscal 2019 a solo el 30% al final del año fiscal 2023, según TRAC.
Neil Agarwal, científico principal de datos de la Iniciativa de Representación Universal del Instituto Vera, dijo que la caída en las tasas de representación en los tribunales de inmigración, junto con una “explosión increíble” en el retraso de casos, es una tendencia nacional. Agregó que es “imposible mantenerse al día con la explosión de casos pendientes, lo que ha causado esta disminución en las tasas de representación”.
Los datos muestran que las posibilidades de recibir órdenes de deportación son altas para los inmigrantes en Nueva York. En el año fiscal 2024, de octubre de 2023 a marzo, los jueces emitieron el mayor número de órdenes de deportación a inmigrantes en el tribunal de inmigración de Nueva York, en comparación con otros condados del país, según un informe de TRAC de abril. Solo el 13% de los inmigrantes en Nueva York que recibieron una orden de deportación estaban representados por un abogado.
En respuesta al gran número de migrantes que han llegado a Nueva York en los últimos dos años y que necesitan asistencia legal, un grupo de organizaciones formó el Proyecto Pro Se Plus (PSPP), una iniciativa para aumentar la asistencia legal para los migrantes recién llegados, con financiamiento de fundaciones y del gobierno local y estatal.
Más de media docena de organizaciones colaboran en el PSPP, ayudando a los migrantes con varias solicitudes de inmigración, incluida la representación en casos de asilo, dijo Allison Cutler, abogada supervisora de la Unidad de Protección de Inmigrantes de la Asistencia Legal de Nueva York (NYLAG), que también dirige el Proyecto Pro Se Plus.
“La misión del Proyecto Pro Se Plus es proporcionar recursos a la comunidad para que no sientan que necesitan un abogado para avanzar con su caso”, dijo Cutler.
Aproximadamente la mitad de las personas a las que sirve el proyecto viven en refugios, mientras que otros alquilan habitaciones o se quedan con familiares, dijo Cutler. Para los migrantes recién llegados, existen consideraciones únicas, como los límites de 30 y 60 días impuestos por la ciudad. Estos plazos pueden complicar aún más el seguimiento de las fechas importantes de audiencia, ya que cada cambio de dirección hace más difícil recibir notificaciones que solo se envían por correo.
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De enero a marzo, el proyecto ha capacitado a más de 150 defensores, proporcionado asesoría y/o consejo a más de 1,000 migrantes recién llegados, y presentado más de 350 solicitudes de representación propia, según NYLAG. A través de esta iniciativa, los grupos pueden alcanzar a un mayor número de personas que si operaran individualmente, dijo Cutler.
Wang calificó este tipo de asistencia como crucial. “Los proveedores están haciendo el trabajo, satisfaciendo las necesidades donde pueden y tratando de aumentar esa capacidad, pero se necesita más inversión”, dijo Wang. “Sabemos que, en este momento, simplemente no hay suficientes abogados y representantes disponibles para todos”.
Grupos como Vera y NYLAG han estado instando durante años a la legislatura del estado de Nueva York a aprobar la Ley de Acceso a la Representación, que garantiza el derecho a un abogado para cualquier persona en procedimientos en los tribunales de inmigración del estado de Nueva York. Pero algunos defensores están preocupados de que incluso eso no será suficiente. “Necesitamos legislación para la representación universal, pero me temo que, incluso entonces, no habrá suficientes abogados para la cantidad de personas que necesitan ayuda”, dijo Mattos, de UnLocal.
El miércoles 8 de mayo, en el piso 12 del tribunal de inmigración en 26 Federal Plaza, la gran mayoría de las personas con audiencias programadas no tenían un abogado registrado en el expediente publicado en el pasillo.
Ángelica Ben, de 23 años, llevaba ocho meses en Nueva York desde que emigró de Guatemala y tenía una audiencia programada para las 8:30 a.m. Cuando habló con Documented ya eran casi las 9:30 a.m. “Les mostré los papeles, [el guardia de seguridad] me dijo que fuera aquí, que fuera allá”, comentó mientras estaba afuera del edificio.
Ben tampoco ha encontrado un abogado para su caso de asilo y no ha sido conectada con ninguna clínica o servicio legal. Después de su audiencia, recibió una lista de proveedores de servicios legales pro bono para llamar y ver si alguno tenía espacio para ella.
“Estoy realmente perdida”, dijo.
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