N., un solicitante de asilo de 31 años de Honduras, se conectó a su audiencia final de inmigración. Vistió una camisa formal y se aseguró de verse presentable en la cámara. A través de un enlace privado enviado por su supuesto abogado, ingresó a lo que parecía una audiencia judicial legítima con los tribunales de inmigración.
En pantalla, un juez con toga negra, acompañado por una bandera de Estados Unidos, le anunciaba la noticia que tanto había esperado: su deportación sería perdonada y pronto podría solicitar la residencia permanente.
“Uno se ilusiona. Uno se pone feliz porque ya lleva tiempo sin ver a su familia. Y se imagina el momento en que los vuelve a abrazar”, dijo N. en entrevista con Documented.
Pero lo que parecía el principio de una nueva etapa en su vida, era en realidad parte de un elaborado fraude. Por seis meses, N. fue víctima de un grupo de estafadores que lo hicieron asistir a audiencias judiciales falsas y a citas ficticias con agentes de inmigración.
La historia de N. refleja la proliferación de estafas migratorias en redes sociales, especialmente en comunidades que buscan ayuda legal asequible para evitar la deportación bajo la presidencia de Donald Trump. Tan solo en la ciudad de Nueva York, los casos reportados de fraude migratorio aumentaron un 27% en 2024, según el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP, por sus siglas en inglés), aunque líderes comunitarios y representantes locales advierten que la cifra real puede ser mucho más alta debido a la falta de denuncias y barreras lingüísticas.
En el caso de N., las consecuencias fueron devastadoras. Tras seguir las indicaciones de los supuestos abogados —que le recomendaron evitar presentarse a su audiencia real por temor a ser detenido—, un juez federal lo ordenó deportado en ausencia.
El inicio de la trampa
N. llegó a Estados Unidos en mayo de 2021 y fue liberado bajo fianza un mes después. Durante el verano de 2024, con la amenaza de una nueva administración Trump, comenzó a buscar asesoría legal asequible en las redes sociales. Fue entonces cuando encontró en Facebook un grupo que ofrecía servicios migratorios. No revelamos el nombre, ya que podría ser objeto de una demanda judicial.
La comunicación se trasladó rápidamente a WhatsApp, donde le pidieron datos personales, copia de su pasaporte y su número de extranjero —un identificador oficial del Departamento de Seguridad Nacional. Le dijeron que el costo del proceso sería de $5.000 y le aseguraron una green card.
Entre agosto y diciembre de 2024, N. participó en tres “audiencias” virtuales. En las dos primeras, fue interrogado por un supuesto oficial del USCIS que vestía uniforme azul marino con insignias del DHS. En las capturas de pantalla compartidas con Documented, se pueden ver cajas etiquetadas como “rechazados” y “deportados” en inglés, junto a una bandera estadounidense y una foto enmarcada del presidente Joe Biden.
En la tercera y última reunión, apareció un juez. “Todo era como real. El juez se presentó, me pidió el nombre, pidió el número de licencia de la abogada y luego empezó a dar la sentencia”, recordó N. El supuesto juez le dijo que su orden de deportación había sido perdonada y que tenía que pagar $900 para continuar el proceso. “Me dijo que tome ventaja de esta oportunidad”, N. explicó.
Pero eso no fue todo. Su supuesta abogada le indicó que debía pagar $99 por cada página de un documento consular de 22 páginas, un total de $2.178. Ganando apenas $400 a la semana en construcción, N. no podía costearlo. “La abogada me escribió preguntando si ya tenía el dinero”, dijo. “Supuestamente era para autenticar papeles en el consulado”.
Alarmado por los costos, N. contactó a Rosa Santana, directora ejecutiva de Envision Freedom Fund, una organización sin fines de lucro que ya lo había ayudado en el pasado. “Cuando le dije que me estaban cobrando $99 por página, me dijo: ‘Esto es una estafa. No mandes más dinero’”, contó.
Santana dijo que el fraude como el de N. se repite con frecuencia: las personas encuentran perfiles en redes sociales y luego los estafadores los redirigen a WhatsApp. En 2024, el DCWP documentó 46 casos de fraude migratorio, un aumento respecto a los 36 del año anterior. “Este tipo de engaños no se denuncia lo suficiente”, dijo Michael Lanza, portavoz del DCWP.
Alpha A. Diallo, director de Pan-African Community Development Initiative, también ha visto cómo inmigrantes africanos caen en fraudes y terminan complicando sus casos de inmigración. “La gente piensa que si paga, todo se resolverá”, dijo. “Y terminan recomendando al mismo estafador a sus amigos”.
Durante una audiencia en el Concejo de la Ciudad en abril, múltiples organizaciones expusieron testimonios similares. Christian, otro solicitante de asilo, testificó sobre haber asistido a una audiencia falsa, donde un supuesto juez le ordenó pagar más de $5.000 en ocho días. “Si no pagaba dentro de ese plazo, debería $25.000,” dijo.
Alexa Avilés, presidenta del comité de inmigración, advirtió: “Actores sin escrúpulos se aprovechan de la desesperación. Los inmigrantes terminan pagando, son engañados y, a veces, sus casos migratorios quedan arruinados”.
Un lazo en el cuello
Desde el año 2021, N. había estado luchando en un caso de asilo defensivo ante los tribunales. Pero el supuesto abogado encontrado en Facebook le aconsejó no asistir en persona a su audiencia.
Para N., el esquema parecía legítimo y nunca cuestionó la veracidad de las audiencias. Cuando le informaron que sería elegible para una green card, no quiso ilusionarse demasiado y decidió no compartir la noticia con nadie, ni siquiera con su familia.
“Mantuve el proceso migratorio reservado, solo para mí. Porque a veces puede salir bien y a veces no”, dijo N. Agregó que llegó a recomendar al abogado falso a algunos de sus amigos que también buscaban asilo ante los tribunales, sin saber que eran falsos
Cuando se enteró de que había sido víctima de una estafa migratoria, N. se sintió ansioso y estresado. “Tuve algo parecido al insomnio y sentí culpa hacia mí mismo”, explicó. Pero esa decepción no fue lo peor.
En su caso real ante los tribunales, el juez ordenó su deportación en ausencia, lo que automáticamente lo coloca en un proceso de expulsión. Su nuevo abogado está presentando una moción para reabrir el caso en su nombre.
“Yo le diría a la gente que busque información con personas que realmente saben cómo funciona el sistema migratorio. Porque a veces terminamos confundidos y al rato con el lazo en el cuello”, concluyó N.
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