La noche de su graduación en Loganville High School, Josue Trejo López no subió al escenario con la toga roja que había comprado con anticipación. En su lugar, observó la ceremonia desde la pequeña pantalla de su iPhone 15, mientras se encontraba a más de 4,200 kilómetros de distancia, en San Salvador, El Salvador.
Cuando pronunciaron su nombre, el silencio se apoderó brevemente del lugar. Desde el otro lado de la pantalla, Josue rompió en llanto. Su hermano mayor, Jose, lo sostuvo entre sus brazos y le dijo: “Tranquilo,dijeron tu nombre en la graduación… Lo importante es que lo lograste. Te graduaste. Tranquilo”.
Dos semanas antes, el 7 de mayo, ambos hermanos fueron deportados a El Salvador tras ser detenidos durante una cita programada con ICE en Federal Plaza, en Manhattan. Vivían en Central Islip, en Long Island, y habían emigrado a Estados Unidos en mayo de 2016 junto a su madre. Su solicitud de asilo fue rechazada en 2018 y desde entonces vivían bajo una orden de deportación. A pesar de no tener antecedentes penales, su caso representa lo que abogados migratorios describen como una nueva realidad nacional: inmigrantes con muchos años en el país siendo detenidos durante revisiones rutinarias con ICE.
ICE no mantiene registros públicos de las personas que han sido detenidas durante estas citas. Sin embargo, los abogados de inmigración han notado un aumento de estas detenciones. Jodi Ziesemer, directora de la Unidad de Protección de Inmigrantes en el New York Legal Assistance Group, declaró a Documented en marzo que las personas con una orden final de remoción han sido detenidas con más frecuencia en sus citas programadas.
Ala Amoachi, la abogada de inmigración que representa a Jose y Josue, dijo que al llamar a la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA, por sus siglas en inglés), un secretario le confirmó que “muchas personas están siendo arrestadas en las citas afirmativas con ICE”.
Documented también ha reportado casos similares, incluso de personas que llevaban más de cinco años asistiendo a sus citas sin que hubiera cambios en su historial migratorio o penal. De acuerdo con el formulario I-213, emitido en 2016 cuando ingresaron al país, su único “delito” fue haber cruzado la frontera sin autorización, cuando tenían 10 y 11 años de edad.
Creciendo en EE.UU.
Josue y Jose llegaron a Estados Unidos con su madre, quien entonces estaba embarazada. Se establecieron en Atlanta, donde iniciaron el proceso de asilo. Tras el rechazo de su solicitud, continuaron presentándose de manera puntual a las citas con ICE mientras empezaron sus estudios en la secundaria de Loganville High School,. “Algunos se burlaban porque tenía que ir a citas con ICE… decían: ‘¿Por qué tienes que ir ahí? Déjame adivinar: porque eres ilegal’”, recordó Jose, quien eventualmente se distanció de varios amigos.
Debido a su estatus migratorio, dijeron, el acceso a la universidad no era una opción. Ambos planearon asistir a una escuela técnica para estudiar mecánica. En 2023, Jose se mudó a Long Island con su tutor legal, un amigo cercano de su madre, mientras que Josue permaneció en Atlanta para terminar el último año de secundaria. Josue visitaba a su hermano durante las vacaciones y juntos aprendieron “day trading” desde sus teléfonos celulares, siguiendo a influencers en redes sociales.
“Yo trataba de que mi hermano avance, enseñándole lo que yo iba aprendiendo”, contó Jose. “Ninguno de los dos trabajabamos. Así que dije, ‘Vamos a adquirir conocimiento. Yo te enseño lo que sé’”.
Una cita diferente
El 12 de marzo, los hermanos se presentaron en 26 Federal Plaza para su cita con ICE. Sin embargo, les indicaron que debían programar y regresar con su madre, quien aún vive en Georgia. Esto ya les había ocurrido en el pasado cuando vivían en el mismo estado, pero los hermanos pensaron que su presencia ya no era necesaria desde que se mudaron a Nueva York. Según Jose, el oficial explicó que su madre debía estar presente porque ambos ingresaron al país siendo menores de edad.
Normalmente, reprogramar una cita con ICE toma semanas o meses, por lo que se sorprendieron al recibir una nueva fecha tan solo dos días después, el 14 de marzo. “Sentimos que algo iba a pasar, porque no es normal que te den una nueva cita esa misma semana”, relató Jose. Ambos estaban callados, tensos. La noche anterior, oraron como lo hacían antes de cada revisión migratoria.
Salieron de Central Islip a las 3:30 a.m. y llegaron al edificio de Federal Plaza a las 4:30 a.m. Querían ser los primeros en entrar. A las 7:00 a.m., las puertas se abrieron y los oficiales los guiaron al interior. Un agente revisó su cita y llevó a Jose directamente al quinto piso. “Estaba nervioso, pero tuve fe en que todo saldría bien”.
En el quinto piso, otro oficial le preguntó si sabía que tenían una orden de deportación. Jose respondió que sí y le entregó una carpeta con documentos, incluyendo pruebas de que estaban solicitando el Estatus de Inmigrante Juvenil Especial (SIJS, por sus siglas en inglés). “Esto no te va a ayudar”, le respondió el agente tras hojear rápidamente la carpeta, recordó Jose.A las 7:30 a.m., llamaron a Josue. Ambos fueron llevados a una pequeña sala. Cerraron la cortina y les informaron que estaban detenidos y que serían procesados para su deportación. Permanecieron diez horas bajo custodia antes de ser trasladados a un centro de detención en Buffalo. “Aún tenía la esperanza de que nos dejaran libres”, dijo Jose. “Estábamos siguiendo el proceso como lo indican. Nos dicen que lo hagamos por la vía correcta y cuando lo hacemos así, nos castigan. Entonces, ¿cuál es la vía correcta?”
Un nuevo comienzo en San Salvador
El 7 de mayo, casi seis semanas después de ser detenidos, los hermanos fueron deportados a El Salvador, un país donde no tienen familia directa. Un amigo de su abuela, un hombre de 69 años, los recibió y les dio alojamiento en la capital.
Los primeros días fueron difíciles. No tenían identificación y temían salir a la calle debido a la presencia constante del ejército. En una videollamada familiar, el hermano menor no reconoció a Jose, quien había dejado crecer su barba durante la detención. “Él no sabía quién era . Pero cuando me vio, se puso feliz”, relató Josue. “Se reía… y luego comenzó a llorar porque me buscaba en la casa. Eso me destruyó por dentro”.
Actualmente, los días transcurren con lentitud. No conocen la zona ni tienen amigos. Pasan el tiempo aprendiendo más sobre day trading y haciendo videollamadas por WhatsApp con su madre y su hermano menor.
Planean quedarse en San Salvador por ahora, con la esperanza de conseguir empleo en atención al cliente o en un centro de llamadas para poder mudarse a un lugar más estable. “Estoy tratando de mantenerme firme, al menos por mi hermano”, dijo Jose. “Tengo la presión de mantenerlo motivado, de que no se rinda.”
Mientras tanto, Amoachi presentó una moción ante la Junta de Apelaciones de Inmigración para que se les permita ajustar su estatus bajo el programa de SIJS. “Esa oportunidad les fue negada por la negligencia del abogado anterior”, explicó. Añadió que el abogado quien los representó desde 2016 hasta 2023, nunca les habló sobre la posibilidad de aplicar a SIJS, a pesar de que ambos eran elegibles por haber sido abandonados por su padre desde pequeños.
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“Jose y Josue pasaron casi la mitad de su vida en Estados Unidos. Están profundamente asimilados y cumplen los requisitos para el Estatus de Inmigrante Juvenil Especial”, dijo Amoachi. “Con una representación legal adecuada, hoy probablemente serían residentes permanentes legales, no jóvenes exiliados enfrentando una crisis humanitaria en un país que apenas conocen”.
Josue guarda una foto en su teléfono de las clases que tomó en su último año. Cada vez que completaba una materia, marcaba la casilla correspondiente. Fue lo que lo mantuvo enfocado para graduarse, dijo. Ahora sueña con una segunda oportunidad para regresar al único país que considera su hogar.
“No somos una amenaza.No le hacemos daño al país. Podemos superarnos. Creemos que podemos ser mejores ciudadanos que antes”.
