El jueves, el Concejo Municipal de Nueva York anunció su plan de anular los vetos del alcalde Eric Adams a varias políticas de legislación que buscan otorgar protecciones laborales y establecer salarios mínimos para los repartidores de aplicaciones de supermercados, muchos de los cuales son inmigrantes.
La primera ley, Intro. 1133-A, patrocinada por la concejal Jennifer Gutiérrez, otorgaría nuevas protecciones legales a los repartidores de comida de supermercados, incluyendo acceso a baños, distribución de materiales de seguridad contra incendios y bolsas térmicas para entregas.
La Intro. 1135-A, patrocinada por la concejal Sandy Nurse, por otro lado, establecería un salario mínimo para los repartidores de comida de supermercados.
“Para un alcalde que dice defender a los neoyorquinos de clase trabajadora, vetar la 1133-A y la 1135-A es más que decepcionante: es una traición”, dijo la concejal Jennifer Gutiérrez en un comunicado compartido con Documented. “Estos proyectos de ley fueron diseñados para proteger a los mismos trabajadores que su propia administración alguna vez dijo querer ayudar. El hecho de que esta idea de sentido común viniera de la alcaldía en primer lugar hace que esta reversa sea aún más cínica”.
En 2021, la ciudad aprobó una histórica ley de salario mínimo para los repartidores. Sin embargo, existía una laguna legal que excluía a los repartidores de comida de supermercados que trabajaban para empresas como Instacart.
En julio, el concejo municipal aprobó ambas propuestas con la intención de cerrar ese vacío. Como informó primero Streetsblog, Instacart y otras empresas tecnológicas financiaron varios grupos de fachada que argumentaron que los proyectos de ley aumentarían el costo de los alimentos para los neoyorquinos de bajos ingresos al trasladar parcialmente a los consumidores los costos de los salarios más altos.
“Instacart ha apoyado y defendido durante mucho tiempo una estructura de ingresos mínimos reflexiva para los repartidores de comida para supermercados en Nueva York, una que equilibre justamente las necesidades de los trabajadores, clientes y minoristas locales”, dijo Thomas McNeil, gerente senior de Asuntos Gubernamentales de Instacart. “Pero según los propios datos de la ciudad, la Intro 1135-A, tal como está escrita, podría hacer que los precios de los repartos de supermercado aumenten un 46%, cortar el acceso a trabajo para miles de repartidores en NYC e incrementar las tarifas a pequeños supermercados locales hasta en un 13%”.
En una carta enviada el 22 de julio al alcalde Adams y obtenida en exclusiva por Documented, Dani Dudeck, directora de Asuntos Corporativos de Instacart, instó al alcalde a vetar la Intro. 1135-A.
“Como un alcalde que ha hecho de la lucha contra la inseguridad alimentaria una prioridad administrativa, pocos entienden mejor que usted que casi 1,3 millones de neoyorquinos —incluido 1 de cada 4 niños— luchan por acceder a alimentos saludables y asequibles”, escribió. “Además, los recientes recortes presupuestarios en Washington pronto reducirán los beneficios de SNAP para más de 300.000 hogares en Nueva York, creando una crisis que devastará a las comunidades más vulnerables”.
Tras una intensa campaña de lobby y relaciones públicas de aplicaciones de supermercado como Instacart, que se opusieron a los proyectos, el alcalde Eric Adams vetó la legislación el miércoles, citando los argumentos de las empresas de aplicaciones que aseguraban que los proyectos aumentarían los precios de los alimentos.
“Los precios de los alimentos ya son demasiado altos, así que ahora no es el momento adecuado para hacer algo que los incremente aún más”, dijo la alcaldía comunicado a Documented. “Lamentablemente, la Intro. 1135-A y la Intro. 1133-A harían justamente eso en un momento en que demasiados neoyorquinos de clase trabajadora están teniendo dificultades”.
Sin embargo, el veto del alcalde contrasta fuertemente con su apoyo inicial a la legislación. En 2022, el “Plan de Recuperación Económica de Nueva York” del alcalde prometía trabajar con el concejo municipal para expandir los estándares laborales mínimos para los 17.000 repartidores de supermercados basados en aplicaciones.
“Estos vetos una vez más demuestran cómo el alcalde está fallando a los neoyorquinos y al interés público, ya que su administración recomendó estos proyectos, los negoció y apoyó su aprobación durante todo el proceso legislativo”, dijo la presidenta del Concejo Municipal, Adrian Adams, en la conferencia de prensa del jueves.
Cuando Documented presionó a la oficina del alcalde sobre por qué cambió de opinión, afirmaron bajo reserva que la postura del alcalde había evolucionado y que no era el momento adecuado debido a los altos precios de los productos alimenticios.
Tras el veto del alcalde, la concejal Sandy Nurse, junto con la presidenta Adams, prometió trabajar con sus colegas en el concejo para anular el veto.
“El veto del alcalde a mi proyecto de ley para obligar a las aplicaciones de reparto de supermercados a pagar un salario digno a los trabajadores es un retroceso para los derechos y protecciones laborales en nuestra ciudad”, dijo Nurse en un comunicado a Documented. “El alcalde se ha alineado con Instacart, una empresa multimillonaria que se niega a pagar justamente a sus trabajadores y que en su lugar gasta enormes sumas en lobby y anuncios para difundir mentiras. Junto a mis colegas en el Concejo, anularemos este veto y aseguraremos que la Intro 1135-A entre en vigor”.
Organizaciones de derechos laborales, como Workers Justice Project, que organiza a repartidores inmigrantes, expresaron su decepción con el alcalde y llamaron al concejo municipal a anular su veto.
“Al rechazar estos proyectos de ley, el alcalde solo hará más difícil que estos trabajadores, en su mayoría población negra y latina, puedan alimentarse a sí mismos y a sus familias”, dijo Ligia Guallpa, directora ejecutiva de Workers’ Justice Project/Los Deliveristas Unidos. “Quitarle comida de la mesa a estos trabajadores no es una forma significativa ni efectiva de abordar la inseguridad alimentaria que enfrentan las comunidades en Nueva York. Como sociedad, nunca debemos aceptar una visión tan pobre de nuestro valor y nuestras posibilidades”.
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Dan Ocampo, abogado del National Employment Law Project, también condenó al alcalde por darle la espalda a los repartidores.
“El Departamento de Protección al Consumidor y Trabajador de Adams lideró el esfuerzo para aumentar el salario de los repartidores de restaurantes”, dijo en un comunicado compartido con Documented.
“Adams también identificó la expansión del estándar de salario mínimo para repartidores como una iniciativa emblemática para el Departamento en su Plan de Recuperación Económica. Al vetar estos proyectos, no solo está desafiando al Concejo Municipal, sino también socavando el trabajo de su propia administración”.
