Una nueva política del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) permite ahora emitir multas penales, en lugar de multas civiles tipo B, por ciertas infracciones de tránsito, como pasarse un semáforo en rojo, conducir en sentido contrario o no respetar una señal de alto.
Según el NYPD, la intensificación de operativos contra ciclistas en bicicletas eléctricas — vigente desde el 28 de abril — responde a demandas públicas para mejorar la seguridad de peatones y automovilistas. Sin embargo, repartidores y defensores argumentan que la medida penaliza injustamente a más de 65 mil repartidores de comida, en su mayoría inmigrantes, que dependen de bicicletas eléctricas para ganarse la vida.
Antes, las infracciones de tránsito solían derivar en multas o citaciones civiles pero no en consecuencias penales. Una citación de crimen obliga a la persona a comparecer ante una corte penal. No hacerlo puede resultar en una orden de arresto y posible encarcelamiento. Para inmigrantes con citas regulares ante autoridades de inmigración, como quienes tienen casos de asilo en curso o han pagado fianzas, esta situación representa un riesgo adicional.
Antonio “Toño” Solís, organizador de Los Deliveristas Unidos, aseguró que en las últimas dos semanas ha recibido reportes de al menos 20 repartidores que han recibido citaciones penales por parte del NYPD. Desde que entró en vigor la nueva medida, la policía ha emitido 916 citaciones criminales contra ciclistas en bicicletas eléctricas —un incremento de más del 4.000% en comparación con las 553 emitidas en todo 2024, según cifras publicadas por StreetsBlog.
“La policía ahora tiene luz verde para poner multas penales”, dijo Solís en español. “Entonces, ahora, se incrementó mucho a comparación de antes”. Agregó también, que estas citaciones eran raras anteriormente y que muchos trabajadores inmigrantes están preocupados, especialmente en el contexto actual de endurecimiento de políticas migratorias a nivel nacional. Algunos incluso temen asistir a la corte por miedo a ser detenidos.
Sergio Solano, líder de El Diario de los Delivery Boys en la Gran Manzana —un grupo dedicado a recuperar bicicletas robadas— indicó que esta política empeora su lucha contra las multas injustas, que a menudo superan los $190. “Son multas muy elevadas”, dijo Solano. Agregó que la policía debe ser consciente con las multas y citaciones que dan a los repartidores de comida.“Se olvidan de que nosotros somos trabajadores esenciales y, honestamente, no estamos de acuerdo con esta nueva política”, añadió. El grupo, formado durante la pandemia, tiene más de 60 mil seguidores en Facebook y usa WhatsApp para alertar sobre robos en tiempo real y coordinar la recuperación de bicicletas.
Solano advirtió que los antecedentes penales pueden afectar los procesos migratorios de los repartidores. Sarah Vendzules, directora del equipo de Justicia para Inmigrantes de The Legal Aid Society, coincidió. Dijo que una condena penal podría afectar la posibilidad de obtener una fianza en la corte migratoria. “Tienen que demostrar que no son un riesgo de fuga ni un peligro para la comunidad”, explicó. “No creo que alguien que reparte comida sea un peligro”.
Vendzules también señaló que esto puede impactar a quienes han solicitado Cancelación de Deportación, ya que esta medida exige demostrar buen carácter moral, algo evaluado a discreción de los oficiales migratorios. Además, dijo que las solicitudes de asilo pendientes podrían verse afectadas, especialmente durante los chequeos con ICE. “Son encuentros de alto riesgo”, afirmó.
Recomendó a quienes enfrentan cargos penales consultar con un abogado de inmigración antes de declararse culpables.
Tanto Solís como Solano recalcaron la importancia de cumplir las leyes de tránsito, pero señalaron que los tiempos de entrega ajustados y las distancias largas obligan a los repartidores a correr contra el reloj. “Si llegamos 15 o 20 minutos tarde, recibimos una queja y eso afecta nuestra calificación”, dijo Solano.
Ambos grupos han lanzado campañas informativas para que los trabajadores no ignoren las citaciones. Según el NYPD, el cambio fue necesario debido a que los ciclistas en bicicletas eléctricas no requieren licencia, a diferencia de los automovilistas, quienes pueden perder su licencia si no cumplen con sus citaciones o no pagan las multas.
“Los conductores de e-bikes pueden simplemente ignorar las citaciones sin consecuencias, lo que vuelve inútil cualquier tipo de control”, indicó un portavoz del NYPD. No se ofrecieron cifras sobre cuántas citaciones civiles B han quedado sin resolver.
“La policía ya tiene registros de quién paga y quién no. ¿Por qué no se enfocan en ellos en vez de criminalizar a todos?”, cuestionó Solano.
Durante una rueda de prensa el 10 de abril, la comisionada del NYPD, Jessica S. Tisch, señaló que usaron datos para guiar esta nueva estrategia, aunque no quedó claro si se refería a infracciones o quejas. El NYPD dijo que estas preocupaciones se expresaron en reuniones comunitarias y no a través del 311 o 911. Como resultado, se establecieron 14 corredores prioritarios para realizar operativos en horas pico.
Los repartidores de comida y sus defensores sostienen que la aplicación de esta medida en zonas de alto volumen afecta desproporcionadamente a trabajadores inmigrantes durante las horas más activas de sus turnos.
“En una ciudad donde la mayoría de los residentes son personas de color y un tercio nació fuera del país, en plena era de deportaciones masivas, el alcalde y la comisionada están colaborando con la agenda de acoso y deportación de Trump”, dijo en un comunicado Transportation Alternatives, una organización que promueve transporte seguro y sustentable.
‘Somos trabajadores, no criminales’
Solís también pidió que el NYPD informe adecuadamente sobre los cambios. “Están entregando citaciones criminales y diciéndole a los repartidores que pueden pagarlas en línea si no quieren ir a la corte”, denunció, añadiendo que eso es falso y ha generado confusión.
Esta nueva política surge mientras el Concejo Municipal discute un proyecto de ley que obligaría a registrar bicicletas eléctricas y otros vehículos motorizados ante el Departamento de Transporte. El concejal Robert F. Holden, promotor del proyecto, indicó que esto garantizaría responsabilidad por parte de los repartidores en caso de infracciones o accidentes.
Pero Solís insiste en que la responsabilidad debe recaer en las aplicaciones, no en los trabajadores. “Al final, las aplicaciones presionan al trabajador para que actúe de cierta forma”, dijo. “Entre más presión, más rápido trabaja el repartidor por miedo a ser desactivado”.
Recalcó que la política agrega más preocupaciones para los trabajadores, pero no para las empresas.
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