Carmen Zurita, de 50 años, vivía en un albergue para migrantes en Corona, Queens, a finales de 2022 cuando fue presentada a La Jornada. La organización, que brinda servicios a inmigrantes, cobró notoriedad durante la pandemia por su banco de alimentos y después amplió sus servicios para ayudar a la ola de solicitantes de asilo a navegar el proceso migratorio.
Zurita contó que la organización acudía al albergue para entregar alimentos y otros recursos a los residentes, incluida asistencia en asuntos de inmigración. Ella llegó a Nueva York después de enfrentar persecución y un violento encuentro con un grupo paramilitar armado en Venezuela, y necesitaba ayuda para presentar su solicitud de asilo dentro de los 12 meses requeridos desde su llegada a Estados Unidos.
El fundador de La Jornada, Pedro Rodríguez, le recomendó que visitara las oficinas de la organización en Corona, donde le pidieron completar varios formularios y le cotizaron 600 dólares por la solicitud de asilo, según una declaración jurada que presentó ante la oficina de la fiscal general de Nueva York.
Dijo que le tomó varias semanas reunir el pago inicial del 50%, equivalente a 300 dólares y lo entregó en efectivo a una empleada de la organización.
“Confiando en que estaba haciendo lo correcto le entregué la mitad del dinero y ella no me dio ningún recibo… Lo que en ese entonces era muy poco dinero para mí era mucho”, recordó Zurita.
Cada vez que le preguntó al personal de La Jornada si habían presentado su solicitud, aseguró, nunca recibió una respuesta clara.
Dijo que fue a través de cartas del gobierno que supo que tenía dos citas obligatorias: una audiencia ante un tribunal de inmigración y una reunión de seguimiento con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Estas citas fueron agendadas porque ingresó al país sin papeles.
“Yo asistí sola después de ver la dirección y preguntarle a alguien en el albergue”, dijo. Agregó que La Jornada no le mencionaron las citas con el gobierno. “Nadie me explicó nada”.
Preocupada por la situación, Zurita decidió no pagar los 300 dólares restantes y buscó otro abogado, quien finalmente la ayudó a presentar su solicitud de asilo y obtener un permiso de trabajo mientras su caso continuaba en trámite. Según su declaración jurada, nunca recuperó el dinero que había entregado a La Jornada.
Zurita no es la única que cuestiona los servicios ofrecidos por La Jornada. Documented entrevistó a cinco inmigrantes, revisó recibos y examinó cinco declaraciones juradas presentadas ante la oficina de la fiscal general del estado, en las que los clientes alegan haber pagado entre 300 y 1.000 dólares por solicitudes de asilo y permisos de trabajo, y luego enfrentaron problemas de comunicación y confusión durante el proceso.
Dos de los inmigrantes entrevistados dijeron que pagaron a La Jornada para que presentara sus solicitudes de asilo y aseguraron a Documented que la organización nunca lo hizo.
La oficina de la fiscal general del estado de Nueva York informó que actualmente analizan cinco denuncias contra La Jornada. Además, señaló que su Oficina de Organizaciones Benéficas ha contactado a la organización en dos ocasiones por no presentar los reportes obligatorios dentro del plazo establecido.
La asambleísta estatal de Nueva York Catalina Cruz, exabogada y representante de varios vecindarios de Queens, incluido Corona, dijo a Documented que su oficina ha asistido directamente a 15 residentes de su distrito que reportaron problemas con los servicios de La Jornada.
Según Cruz, los exclientes enfrentaron una variedad de inconvenientes en sus casos. Algunos dijeron haber tenido dificultades para obtener copias de su documentación, mientras que otros aseguraron que les exigieron pagos superiores a los montos inicialmente cotizados. También indicó que algunos recibieron órdenes de deportación y actualmente están siendo asistidos por organizaciones legales sin fines de lucro de la zona.
“Algunos nos decían: ‘No nos quieren dar copias de nuestros documentos’, o ‘No nos quieren devolver nuestros documentos’, o ‘Nos están pidiendo dinero adicional para entregarnos nuestros documentos’”, relató Cruz. Agregó que su oficina comenzó a recibir estos reportes durante el verano de 2024. “Fue entonces cuando empezamos a escuchar que la organización estaba actuando de una manera problemática”.
Dirigentes del Jackson Heights Immigrant Center dijeron a Documented que habían atendido a varias personas que presentaron quejas sobre los servicios de La Jornada. Otra organización sin fines de lucro que ofrece asesoría legal a inmigrantes en Queens indicó que alrededor de 100 exclientes de La Jornada acudieron a sus oficinas en busca de orientación legal.
Durante una entrevista que duró una hora, el fundador de La Jornada aseguró que desconocía la existencia de clientes insatisfechos y de los problemas expuestos por Documented en una carta que detalla todas las denuncias incluidas en este reportaje.
Rodríguez añadió que corregiría cualquier situación si los antiguos clientes le dieran la oportunidad de hacerlo. Explicó que comenzó este trabajo porque “la necesidad era increíble”, ante la llegada de miles de migrantes a Nueva York.
Cuando Documented le presentó los testimonios de los inmigrantes incluidos en este reportaje, Rodríguez dijo que no recordaba esos casos específicos. Posteriormente, en un mensaje de texto, señaló que no podía hacer comentarios sin conocer el nombre completo de los clientes y su número de registro de extranjero (número A), siete o nueve dígitos únicos asignados a los no ciudadanos que tienen contacto con el sistema migratorio. Los clientes entrevistados por Documented dijeron que no querían proporcionar esa información por motivos de privacidad.
Rodríguez también dijo a Documented: “Tampoco es justo decir que alguien está haciendo una acusación sin tener la posibilidad de confrontar a quien lo acusa”.
El fundador de la organización afirmó que nunca se presentó como abogado y que, cuando alguien le preguntaba si lo era, respondía que no. También dijo que llegó a emplear entre uno y tres abogados al mismo tiempo, aunque reconoció que era imposible que esos profesionales hubieran participado en los miles de casos que, según él, manejó La Jornada. Agregó que contaba con asistentes legales y que en la oficina exhibía diplomas para dejar claro que no eran abogados.
Cuando Documented dijo a Rodriguez que varios clientes aseguraron haber tenido que entregar su información en repetidas ocasiones y le preguntó quién supervisaba el proceso de presentación de las solicitudes de asilo, él respondió: “Si alguien cometió un error, yo soy responsable. Soy el director de La Jornada y tengo que asumir toda la responsabilidad por todo lo que ocurrió. Por eso estoy tratando de corregir las cosas”. Añadió: “No es que estuviéramos intentando hacer algo a propósito o perjudicar a esas personas. Esa nunca fue nuestra intención”.
La Jornada es una de las muchas organizaciones que comenzaron a ofrecer asesoría sobre trámites de asilo hace varios años, cuando millones de migrantes buscaron protección en la frontera sur de Estados Unidos durante la administración del presidente Joe Biden. Entre 2022 y 2025, aproximadamente 237.000 solicitantes de asilo llegaron a la ciudad de Nueva York y enfrentaron dificultades para navegar el complejo sistema migratorio estadounidense.
Para responder a la necesidad, en junio de 2023 la administración del alcalde Eric Adams creó el Centro de Ayuda para Solicitantes de Asilo, ubicado en la sede de la Cruz Roja Americana en Hell’s Kitchen. La ciudad también destinó 5 millones de dólares para organizaciones legales sin fines de lucro y clínicas de representación propia que brindan asistencia migratoria.
A pesar de esos esfuerzos, la llegada masiva de solicitantes de asilo aumentó la presión sobre los ya limitados recursos para la comunidad inmigrante.
Los abogados enfrentaban una carga de trabajo excesiva y las organizaciones de asistencia legal sin fines de lucro operaban al límite de su capacidad. Como consecuencia, muchos inmigrantes comenzaron a buscar ayuda dondequiera que estuviera disponible, incluso de personas que no eran abogados de inmigración ni estaban acreditadas para representarlos ante un tribunal de inmigración. Esa falta de representación puede tener consecuencias graves: contar con un abogado durante un proceso migratorio reduce significativamente la probabilidad de recibir una orden de deportación, según un informe del American Immigration Council.
Sin embargo, a medida que más organizaciones comenzaron a ofrecer este tipo de servicios, también aumentaron las denuncias. Datos proporcionados por el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP, por sus siglas en inglés) de la ciudad de Nueva York muestran que el número de quejas contra proveedores de servicios de asistencia migratoria pasó de 23 en 2022 a 46 en 2024. La agencia advirtió que la cifra podría ser aún mayor, ya que “algunas personas no denuncian los daños causados por proveedores de servicios de asistencia migratoria depredadores”.
Durante una audiencia del Concejo Municipal sobre fraude en servicios migratorios en abril de 2025, la concejal Alexa Aviles dijo que “las denuncias por fraude en servicios de inmigración en Nueva York han aumentado y los defensores de los inmigrantes han estado alertando de manera constante sobre estas crecientes amenazas”. Agregó que el tipo de fraude migratorio se ha vuelto más común durante periodos en los que aumenta la demanda de servicios legales. (La concejal se refería al problema de manera general y no específicamente a La Jornada).
En 2025, el Concejo Municipal aprobó la legislación Intro-980A, que, además de aumentar las sanciones civiles para los proveedores de servicios migratorios que incumplan la ley, exige que estos informen de manera visible qué servicios pueden ofrecer y cuáles no están autorizados a prestar. Tras la aprobación de esa normativa, Rodríguez dijo que su organización ahora exhibe avisos que indican que los miembros de su personal no son abogados de inmigración.
“Cuando alguien entra y se sienta conmigo, detrás de mí hay un letrero que dice que no soy abogado”, afirmó.
La necesidad de contar con una representación legal adecuada cobra aún más relevancia ante la intensificación de la política migratoria del presidente Donald Trump. Desde que regresó al poder, el gobierno ha movilizado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para realizar un número sin precedentes de arrestos durante audiencias en tribunales de inmigración.
De banco de alimentos a asesoría migratoria
La Jornada fue fundada en 2011 como una organización sin fines de lucro dedicada a ofrecer servicios para inmigrantes, desde desarrollo profesional hasta enseñanza de idiomas y otras habilidades esenciales. Durante la pandemia, la organización reorientó su labor hacia la distribución de alimentos para residentes de la comunidad y llegó a describirse en su sitio web como “uno de los servicios de banco de alimentos más importantes” de la ciudad.
Durante los años 2022 y 2024, cuando un creciente número de solicitantes de asilo se presentaron en la frontera sur y viajaron para Nueva York, La Jornada volvió a redefinir su misión en su sitio web para enfocarse en “asistir a los migrantes con sus trámites y necesidades legales, brindándoles la orientación y el apoyo que requieren en un momento crucial de sus vidas”.
En Instagram, La Jornada publicó en septiembre de 2023 anuncios de ayuda para solicitar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) e invitaba a los usuarios a comunicarse a través de una cuenta de Instagram, hoy eliminada, llamada @LaJornadaLaw.
Nuala O’Doherty-Naranjo, fundadora del Jackson Heights Immigrant Center, una clínica legal que opera desde el sótano de su vivienda, recuerda cuando Rodríguez comenzó a mostrar interés en ofrecer servicios migratorios a los recién llegados. O’Doherty-Naranjo, abogada retirada tras 28 años de ejercicio profesional, decidió ayudar a los migrantes a completar sus solicitudes de asilo, muchas veces de manera gratuita o cobrando entre 20 y 60 dólares para cubrir algunos gastos relacionados.
Contó que conoció a Rodríguez durante el trabajo de ayuda mutua que ambos realizaron en la pandemia, cuando él distribuía alimentos a residentes de Queens. En 2023, Rodríguez le pidió que enseñara un taller para él y varios integrantes de su equipo sobre cómo preparar solicitudes de asilo para inmigrantes. Ella aceptó, pero dijo que Rodríguez llegó tarde acompañado de varias personas, por lo que tuvo que resumir rápidamente la capacitación.
“No fue sino hasta el final de la reunión que empezó a hablar de cuánto iba a cobrar por este trabajo. Le dije: ‘Un momento, Pedro, ¿vas a cobrar por esto?’”, recordó O’Doherty-Naranjo. Según dijo, recuerda que Rodríguez respondió que cobraría 400 dólares por ese servicio. “Yo pensé; ‘¡Guau!’”.
Rodríguez sostuvo que los precios de La Jornada eran mucho más bajos que los miles de dólares que, según él, suelen cobrar los abogados de inmigración. Resaltó que fijaba tarifas por debajo del precio del mercado, comparando los costos de organizaciones similares y cobrando menos que ellas. Cuando Documented le preguntó cuáles eran esas organizaciones, respondió que no podía recordar ninguna en particular.
“Nunca se nos habría ocurrido cobrar lo que cobra un abogado, que son miles de dólares”, dijo Rodríguez.
Aunque es habitual que los abogados de inmigración cobren por sus servicios, La Jornada apareció en 2024 en la lista del Departamento de Justicia de EE. UU. como proveedor de servicios legales gratuitos. Rodríguez explicó que la organización ofrecía asistencia legal sin costo mientras aparecía en ese listado, gracias a una subvención que había recibido. Una vez que esos fondos se agotaron, los servicios gratuitos dejaron de ofrecerse.
“Todo el dinero se reinvertía en la fundación, ya sea para alimentos, para otras necesidades o para las personas que hacían el trabajo”, dijo Rodríguez sobre los pagos que recibía de sus clientes. “Probablemente cobrábamos menos que todos los demás, porque siempre tratábamos de ser más baratos”.
Las quejas se acumulan
Tras recibir varias denuncias, la asambleísta Cruz dijo que su oficina solicitó a La Jornada la entrega de documentos relacionados con los clientes que habían presentado quejas y convocó a una reunión con Rodríguez.
“Le advertí que debía tener mucho cuidado con la manera en que estaba realizando ese trabajo para que no hubiera ningún malentendido sobre su capacidad para representar a las personas”, dijo Cruz.
Otros migrantes que acudieron a La Jornada en busca de asistencia dijeron a Documented que se vieron perjudicados tras utilizar los servicios de la organización.
Una madre ecuatoriana que usó los servicios de La Jornada en los casos migratorios de su familia dijo a Documented que la organización le informó erróneamente que tenía una orden de deportación emitida en ausencia, lo que le provocó estrés y ansiedad. También lo aseguró en una declaración jurada.
Rodríguez respondió que, aunque no podía comentar el caso sin conocer todos los detalles, si una persona llamaba a La Jornada y decía que había perdido una cita con el juez, él le diría que tendría una orden de deportación emitida en ausencia. Agregó que la decisión final corresponde al juez.
S. P., una inmigrante colombiana, no asistió a su primera audiencia judicial y acudió a La Jornada en febrero de 2024 para intentar reabrir su caso de asilo después de recibir una orden de deportación emitida en ausencia.
Dos recibos muestran que realizó dos pagos a la organización por un total de 900 dólares. Contó que le generaba inquietud encontrar a una persona distinta cada vez que acudía a las oficinas.
Después de su tercera visita, La Jornada aún no había logrado reabrir su caso, dijo. En cambio, el personal le pedía volver a relatar todos los detalles de su situación.
Explicó que el dinero que pagó no era lo que más le preocupaba, sino la manera negligente en que, según ella, fue tratado su caso. Actualmente, S. P. ha buscado la representación de un abogado de inmigración para hacerse cargo de su proceso.
“Ya fue cuando yo dije: ‘No vuelvo acá. Ustedes no están haciendo nada por mí y me están poniendo en problemas’”, recordó S. P., quien pidió ser identificada únicamente por sus iniciales porque su caso continúa en trámite. “Fue entonces cuando comenzó esta lucha. Ya no tenía adónde ir ni en quién confiar”.
Otra clienta de La Jornada, Charo, quien pidió a Documented que utilizara únicamente su apodo por motivos de privacidad, llevaba seis meses viviendo en Nueva York cuando conoció la organización. Había tenido dificultades para encontrar un abogado de inmigración a un precio accesible, por lo que la asistencia de bajo costo que ofrecía La Jornada parecía ser exactamente lo que necesitaba.
Salió de Perú en el otoño de 2022 junto con su esposo y sus dos hijos, después de que extorsionadores amenazaran con hacerle daño a una de sus hijas. Tras ingresar por la frontera entre Estados Unidos y México, los cuatro fueron colocados en un proceso de deportación. Aun así, logró establecerse en Queens, donde otra de sus hijas ya había comenzado una nueva vida.
Contó que trabajó con Rodríguez —quien le dijo que era abogado, según escribió en una declaración jurada presentada ante la oficina de la fiscal general del estado— para actualizar las direcciones en sus solicitudes de asilo y presentar la solicitud de asilo de toda su familia. Por ese trámite pagó 1.600 dólares, una suma considerable, aunque todavía inferior a la que le habían cotizado en otros lugares.
Todo avanzaba con normalidad hasta que el panorama político cambió cuando Trump asumió su segunda presidencia en 2025 y cumplió su promesa de campaña de endurecer las políticas contra los inmigrantes, incluidos cambios al proceso de asilo que afectaba a Charo y su familia. Mientras aumentaban los reportes de arrestos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los tribunales de inmigración aumentaban, una de sus hijas fue citada a una audiencia.
Aunque La Jornada le había informado desde el principio que no podía representar a su familia ante un tribunal de inmigración, Charo recurrió nuevamente a la organización en busca de orientación debido a que había preparado las solicitudes de asilo de su familia. Según contó, le reiteraron que no podían acompañar a su hija a la audiencia.
En la declaración jurada que presentó, Charo escribió que Rodríguez le dijo que no era necesario que él asistiera con ella. También aseguró que, si él la acompañaba, tendría que pagar una suma elevada de dinero.
Charo relató que buscó consejo de una exempleada de La Jornada, quien le recomendó que no llevara a su hija a la audiencia debido a los recientes arrestos registrados en los tribunales de inmigración. Finalmente decidió que su hija no asistiera a la cita.
“Uno se siente realmente desesperado. Lo hace por sus hijos”, dijo Charo.
Tres días después, el 27 de junio, recibió una carta que decía que su hija había recibido una orden de deportación emitida en ausencia. El nuevo abogado de la familia confirmó esa información a Documented al compartir una captura de pantalla con la decisión del juez.
Charo dijo que se sintió abandonada por la organización en la que había confiado para manejar los asuntos migratorios de su familia.
Hasta la fecha de publicación de este reportaje, su hija se encontraba en proceso de solicitar la reapertura de su caso de asilo ante un tribunal de inmigración.
