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Inquilinos amenazados con desalojos y aumento en la renta

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Cuando los restaurantes de Nueva York cerraron en marzo, Álvaro Pardo y su esposa perdieron sus trabajos como meseros. Sin autorización legal para trabajar ni apoyo estatal, Pardo comenzó a buscar empleo en lo que fuera: limpieza, demolición, construcción e incluso desinfección de lugares por COVID. En ese momento, Álvaro ni siquiera se imaginaba ser amenazado con desalojos o aumentos de renta.

Es por eso que para “evitar problemas” con el dueño del departamento que alquilan, Álvaro indica que “siempre, antes de comprar comida o cualquier otra cosa, lo primero que intentamos es pagar la mayor cantidad de alquiler posible”. Pardo, quien se mudó a EE.UU. desde Colombia, vive con su esposa y sus dos hijos. Desde que perdió su trabajo, le ha estado dando a su arrendador todo el dinero que puede, sabiendo que aún debe mucho más. Entonces, cuando su casero le aumentó la renta en $100, Álvaro se resistió. 

De ahí en más, cada vez que se pone en contacto con su arrendador, este le pregunta por el dinero del alquiler. 

“Me está presionando, diciéndome que si no puedo pagar más, entonces tengo que irme”, dice Pardo. “Ahora mismo no tengo a dónde ir y no son los únicos trabajadores de restaurantes en una situación similar: endeudados con sus propietarios después de perder sus trabajos.

En un informe de septiembre, la firma de asesoría Stout predijo que para enero de 2021 habrán 800 mil hogares ameanazados con desalojo. Y a pesar de las protecciones instauradas durante la pandemia, los propietarios sí pueden iniciar casos de desalojo en el Tribunal de Vivienda, incluso si su inquilino se vio afectado económicamente por la pandemia.  

De hecho, Documented tuvo acceso a varios documentos de la corte de vivienda enviados a miembros de nuestra comunidad, que demuestran que inquilinos en Nueva York están recibiendo documentos judiciales de inicio de procesos de desalojo por falta de pago.

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Las reglas de los desalojos 

Según los datos a nivel estatal obtenidos del Centro Furman de la NYU, desde el 20 de junio se ingresaron más de 16.000 solicitudes de desalojo. Corona, Queens, con un gran número de inmigrantes, tiene la mayor cantidad de solicitudes. Este vecindario presenta un 38% más de recursos de desalojo, en comparación con el año anterior. 

“Antes del 1 de octubre, no se permitió ningún desalojo”, dijo Rebecca Garrard, Gerente de Campañas para la Justicia en la Vivienda de Acción Ciudadana. “Estamos en una zona gris ahora”. 

En su papel de defensora de los inquilinos en todo el estado, Garrard ha visto un aumento en los desalojos ilegales en octubre, ahora que otras reglas están cambiando. En un caso reciente en Kingston, un propietario encerró a una inquilina indocumentada y a sus dos hijos menores de cinco años.  

Un desalojo sin una orden judicial es ilegal en Nueva York, incluso para los inquilinos que tienen un acuerdo verbal o un contrato de arriendo mes a mes. Según abogados de vivienda consultados por Documented, los jueces de la ciudad de Nueva York no se pronunciarán sobre nuevos casos de desalojo durante mucho tiempo debido al retraso en procesos anteriores. En otras partes del estado, sin embargo, las cosas podrían progresar más rápido.  

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Las protecciones

En una audiencia pública para el senado estatal en agosto pasado, la jueza Michele Chinea se salió del guión. ¿Cuáles son los parámetros para decidir qué tragedia es peor?”

Como presidenta de la Asociación de Jueces de Tribunales de Vivienda, describió un “escenario probable” para los siguientes meses, donde los inquilinos no tengan cómo pagar y los caseros tampoco tengan como hacer frente a las deudas bancarias. 

“Como juez, ¿cómo puedo sopesar esta tragedia personal frente a una obligación de deuda que se impone al propietario?”

Dos meses después, el Juez Administrativo Jefe de Nueva York emitió un documento a sus tribunales: “A partir del 12 de octubre de 2020, todos los desalojos residenciales pueden reanudarse en todo el estado”, escribió el juez Lawrence K. Marks,” con ciertas excepciones importantes”.

Las excepciones

Si bien los inquilinos generalmente tienen que responder dentro de unos días después de que el propietario solicita el desalojo por falta de pago, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, instauró en marzo una Moratoria de Desalojos. Al hacerlo, protegió del desalojo a cualquier inquilino que no respondiera alguna advertencia de la corte. 

“Nos preocupa que los tribunales puedan comenzar a dictar sentencias contra los inquilinos que no se presentaron a las citas judiciales o que no han respondido a las advertencias”, dice Nakeeb Siddique, el Director de Vivienda para la oficina de Asistencia Legal en Brooklyn. 

Una vez que responden, los inquilinos tienen la moratoria de desalojo a la que recurrir. Según ley estatal, nadie puede ser desalojado por no pagar el alquiler durante la pandemia si puede probar una pérdida financiera desde que comenzó la pandemia, pero los inquilinos son los que tienen la tarea de demostrar la pérdida de ingresos. 

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“Confuso para todos”

Desde marzo, el número telefónico administrado por el Met Council on Housing de Nueva York recibió más del doble de llamadas que el año pasado.  

Las personas que llaman han detallado un mayor número de amenazas, y los inquilinos en situaciones más precarias, como los indocumentados o quienes no tienen un contrato de arriendo por escrito, han llamado preocupados de que si pierden el alquiler un día, podrían quedarse sin hogar al siguiente. “Esa es una idea errónea muy común”, dijo Ehrenberg.

Antonio García, Director de Caridades Católicas del Programa de Prevención de Desalojos de Nueva York, explicó que todos los inquilinos, incluso los indocumentados, pueden hacer uso de las protecciones legales por COVID y no pueden ser desalojados sin una orden judicial. 

“Lo que es más típico para un indocumentado es que a pesar de que tienen protecciones legales, algunos propietarios comienzan a acosar a la familia porque saben que son indocumentados”, dijo García. “Solo quieren que les paguen su dinero”.

Desalojos, una preocupación más

Lisma Alegría vive en Long Island con su esposo, cuatro hijos y un nieto. Cuando toda la familia contrajo COVID en la primavera, su esposo perdió su trabajo en la construcción. Desde entonces, al igual que Álvaro Pardo, el padre colombiano de dos hijos, ha trabajado en todos los trabajos que pudo encontrar y gastó casi todo lo que ganaba para cubrir su creciente deuda de alquiler. 

Pero ahora  su casero les dijo que si no pagan todo lo que deben, tienen que irse. 

“Vino a amenazarnos con echarnos. Le dijimos que estábamos enfermos y que nos retrasaríamos”, dijo Alegría. El casero, dice Lisma, no cree que a la familia le falte dinero, a pesar de que han estado recibiendo comida de los comedores públicos. El problema, es que la casera está preocupada de perder el edificio de tres unidades si no se pone al día con los pagos de la hipoteca. 

“Ella nos dijo que la moratoria que anunciaron no es para Long Island, sino solo para la Ciudad. Dijo que supuestamente aquí nos puede echar cuando quiera, solo tiene que decidir y vendrían a desalojarnos ”, dijo Alegría. 

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Además de compartir información errónea sobre la ley estatal, la casera le corta regularmente el agua caliente a la familia de Lisma, alegando que es por la falta de pagos. Por eso, dice Alegría, se acostumbraron a calentar el agua en la estufa para bañarse. 

“Vives con este estrés, sin saber si vendrá con una carta, si realmente puede echarte de casa o no “. dijo Alegría. “Lo único que tratamos de evitar es mostrarle a los niños que hay problemas”.

Con la pandemia a su alrededor, Alegría cree que los niños tienen suficiente de qué preocuparse sin temer que también puedan perder su hogar.

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