Según abogados y defensores de derechos humanos, los nuevos y radicales cambios en la política federal de inmigración dificultarán aún más la obtención de visas y tarjetas de residencia para cientos de miles de inmigrantes que han sobrevivido a la violencia doméstica, la trata con fines de explotación sexual y otras formas de abuso.
Las nuevas normas — que, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), están diseñadas para erradicar el “fraude rampante” — elevan los estándares de evidencia y los requisitos de documentación y eliminan protecciones y prácticas de larga data centradas en las realidades y experiencias vividas por los solicitantes.
Los cambios en las directrices de la política dificultarán que los sobrevivientes inmigrantes soliciten ayuda bajo la Ley de Violencia Contra la Mujer (VAWA, por sus siglas en inglés), según explicaron defensores a Documented.
En particular, expresan su preocupación por tres modificaciones introducidas en el Manual de Políticas de USCIS. Primero, USCIS permitirá y tendrá en cuenta, a partir de ahora, la información proporcionada por los agresores (o “partes adversas”) al evaluar las autopeticiones y las solicitudes de visas en el marco de la Ley VAWA, sin corroboración independiente. Segundo, USCIS ha modificado normas vigentes desde hace años que garantizaban la confidencialidad de las víctimas durante el proceso de solicitud. Tercero, la agencia ha establecido normas más estrictas en torno a la documentación del abuso, lo que impone una mayor carga probatoria a los sobrevivientes inmigrantes.
Estos cambios no tienen precedentes en la historia del programa VAWA, según afirmaron defensores y abogados, quienes añadieron que obligan a someter los testimonios de los sobrevivientes a un escrutinio más riguroso que el de la información proporcionada por sus agresores y eliminan algunas protecciones de confidencialidad cruciales. Señalaron que aportar pruebas exhaustivas a menudo puede resultar difícil para los solicitantes, dadas las realidades de las situaciones de abuso, en las que las pruebas a menudo pueden perderse, destruirse o dejarse atrás cuando un sobreviviente huye en busca de seguridad.
Estas nuevas normas se alejan de la visión “más amplia” que la agencia había adoptado anteriormente al evaluar las solicitudes, afirmó Kursten Phelps, abogada litigante del Tahirih Justice Center.
“Genera temor incluso intentar acceder a estas formas de protección y ayuda que un Congreso bipartidista creó hace más de 30 años y ha renovado en múltiples ocasiones”, afirmó, añadiendo que los cambios han provocado una acumulación de solicitudes de visas.
Las actualizaciones del manual de políticas, publicadas el 22 de diciembre y que entraron en vigencia de inmediato, afectan específicamente a las personas que solicitan ayuda en virtud de la Ley VAWA, que permite a los sobrevivientes solicitar por sí mismos una tarjeta de residencia, así como a las personas que solicitan visas U y T, concedidas a sobrevivientes de abusos y de trata de personas.
Algunos defensores se muestran escépticos ante la afirmación de la agencia, que asegura haber recibido numerosas solicitudes fraudulentas.
“Pero creo que, si nos fijamos en lo que realmente ha cambiado, no queda claro cómo se relacionan todas estas modificaciones con el intento de poner fin al fraude”, afirmó Rebecca Eissenova, abogada principal de ASISTA, una organización sin fines de lucro que ayuda a los inmigrantes sobrevivientes de violencia.
El portavoz de USCIS, Matthew J. Tragesser, dijo a Documented que la agencia está “dando prioridad a la erradicación del fraude en estos programas para ayudar a las mujeres y a otros extranjeros sobrevivientes de abusos”. También afirmó que las solicitudes de visas T, U y VAWA “aumentaron significativamente” durante la administración de Biden debido al “fraude rampante”.
Se estima que hay más de 245.000 visas U, 20.000 visas T y 180.000 solicitudes VAWA aún pendientes en la agencia. Dados los plazos de varios años que conlleva la tramitación de solicitudes y peticiones de visas, y el hecho de que los cambios en la política de USCIS afectarán de manera retroactiva a los pedidos existentes, todavía no se comprende del todo su impacto.
Más atención a la versión de los agresores
Esther Limb, directora del departamento de inmigración de Her Justice, afirmó que le preocupa especialmente que USCIS haya ampliado las instancias en las que considera la “información de la parte adversa”, es decir, las pruebas aportadas por un agresor o un traficante, al evaluar las solicitudes de sobrevivientes inmigrantes en virtud de la Ley VAWA.
“Un agresor puede decir: ‘Oh, este fue un matrimonio ficticio’, cuando no lo fue. Puede decir: ‘Oh, este matrimonio no fue de buena fe y, por lo tanto, no deberían aprobarlo’”, dijo Limb. “Y USCIS, durante años y años, ha dicho: ‘No, no vamos a utilizar información adversa de esa forma’. Ahora dice: ‘No, está bien utilizarla, siempre que sea creíble’”.
Cecelia Friedman Levin, coordinadora de defensa de la Alliance for Immigrant Survivors (AIS), explicó que desde 1996 USCIS ha implementado medidas de protección para evitar incorporar información poco fiable de los agresores. Y que, cuando se ha tenido en cuenta la información de las llamadas “partes adversas”, se ha exigido una corroboración independiente.
“Se reconoció expresamente que estos sistemas pueden utilizarse de manera que perjudiquen a los sobrevivientes”, declaró Levin a Documented.
La guía de diciembre modifica esas protecciones de larga data, permitiendo la participación de los presuntos agresores si existe un delito susceptible de deportación en el expediente de las inmigrantes supervivientes. Además, la guía ya no exige corroborar la información proporcionada por el agresor al considerar si una solicitante es siquiera elegible para una autopetición en virtud de la Ley VAWA.
“Permitir que se utilice información no verificada proporcionada por una fuente prohibida pone en peligro la seguridad de los sobrevivientes de una manera que nunca antes se había dado en la historia de este programa”, afirmó Levin.
Defensores de los derechos de los sobrevivientes afirman que algunos agresores ya se han aprovechado de estos cambios.
En un caso que Eissenova compartió con Documented, un agresor supuestamente mintió sobre la orientación sexual y el consumo de sustancias, y afirmó que solo se había casado por motivos de inmigración. Al no ser ya necesario corroborar esas afirmaciones, es probable que a esta persona se le deniegue su petición bajo VAWA y que se le inicie un proceso de expulsión, señaló.
“Este es un panorama realmente aterrador al que se enfrentan. Antes era como: ‘Creemos que estarás protegida’, y ahora la situación casi se ha invertido, porque básicamente están diciendo: ‘Creemos que todas las solicitudes bajo VAWA están sujetas a fraude’”, dijo Eissenova.
El fin de protecciones de larga data
Otro cambio importante afecta a las protecciones de confidencialidad consagradas para los sobrevivientes inmigrantes en el Código de los Estados Unidos.
“Nuestras clientas vienen y nos preguntan: ‘¿Se enterará mi marido o el agresor de que he presentado esta solicitud?’”, explicó Limb. “Y les respondemos: ‘No, porque el Gobierno tiene prohibido compartir información con tu agresor. No pueden hacerlo’. Ese fue el precedente hasta el 22 de diciembre”.
Ese precedente fue creado especialmente por el Congreso para proteger la información que los sobrevivientes proporcionan al solicitar beneficios de inmigración bajo la Ley VAWA o de las visas U y T.
That protection may be endangered now, advocates and lawyers say, because the agency has changed the requirement around disclosing survivors’ physical addresses. In the past, applicants could leave that part of the application blank, without concern that it would endanger its success. For immigrant survivors who are unhoused, or living in safe houses unknown to their abuser, that confidentiality guarantee was pivotal to their safety.
Esa protección puede estar ahora en peligro, según afirman defensores y abogados, porque la agencia ha modificado el requisito relativo a la divulgación de las direcciones físicas de las sobrevivientes. En el pasado, los solicitantes podían dejar esa parte de la solicitud en blanco, sin temor a que ello pusiera en riesgo el éxito de su caso. Para las víctimas que no tienen vivienda o viven en refugios desconocidos para su agresor, esa garantía de confidencialidad era fundamental para su seguridad.
Pero a los defensores y abogados les preocupa ahora que dejar en blanco la dirección física pueda invalidar una solicitud y que escribir “confidencial” no sea suficiente.
“Existe cierta probabilidad de que USCIS envíe documentos a esa dirección en lugar de a la dirección segura”, dijo Eissenova. “Y si resides con tu agresor o este tiene acceso a tu buzón por cualquier motivo, entonces puede enterarse de esa solicitud y utilizarla para hacerte daño”.
Un “efecto disuasorio” en las solicitudes
Otros pequeños cambios técnicos podrían socavar los esfuerzos por ayudar a los sobrevivientes. Eissenova señaló que USCIS eliminó definiciones que defensores y sobrevivientes consideraban útiles para ilustrar lo que podría considerarse “agresión física” o “crueldad extrema”, sustituyéndolas por términos que pueden aumentar la carga probatoria que recae sobre los sobrevivientes.
Otro cambio es que los solicitantes de VAWA deben demostrar que residían con su cónyuge estadounidense o residente permanente cuando se produjo el abuso. Anteriormente, el requisito era demostrar que el abuso había ocurrido en algún momento del pasado de la relación, no necesariamente durante el matrimonio o la unión.
Mientras se van conociendo los impactos de los cambios en la política de USCIS, defensores y abogados predicen que en el futuro se aprobarán menos solicitudes y que los sobrevivientes inmigrantes serán más reacios a pedir ayuda.
Limb dijo que algunos de sus clientes se han visto disuadidos por los cambios en la política, pero que la mayoría siguen dispuestos a presentar la solicitud, incluso ante el aumento de los factores de riesgo.
“A partir de ahora les estamos diciendo a todas nuestras clientas que esto es lo que tenemos que hacer, y luego dependerá de cada una si quiere presentar la solicitud o no”, dijo. “Es una mezcla de cosas. Creo que seguirá teniendo un efecto disuasorio dependiendo de cómo se desarrolla esto”.
