Cuando Wilmer Lucio, de 55 años, aborda el autobús para ir a trabajar en Nueva Jersey, permanece en silencio durante los 30 minutos de trayecto. Dijo que evita hablar español en público con la esperanza de pasar desapercibido ante los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
“Escuchamos que hay más redadas de ICE y que las cosas están empeorando”, dijo. Aunque Lucio tiene una petición de asilo pendiente, dice que cuando se encuentra en una situación en la que necesita pedir ayuda o hablar en público, él intenta hablar en inglés.
Tras la decisión del lunes de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos (SCOTUS, por sus siglas en inglés), que permite que ICE continúe con patrullajes migratorios “itinerantes” en Los Ángeles basados en la apariencia física, el idioma u otras sospechas razonables de que alguien es un “extranjero ilegal en Estados Unidos”, Lucio afirmó que el riesgo de que más personas latinas sean detenidas ha aumentado a nivel nacional.
“Lo más grave de esta decisión es la incertidumbre”, dijo, agregando que ha escuchado historias de migrantes que, incluso teniendo documentación legal, han sido arrestados. “No sabemos qué van a asumir. Es como jugar a la lotería — no sabemos cuándo nos va a tocar el premio mayor”.
En un fallo de 6 contra 3 emitido el 8 de septiembre, SCOTUS revocó una orden judicial de una corte inferior que prohibía a los agentes de ICE en Los Ángeles realizar paradas migratorias basadas en raza o etnia aparente; por hablar español o inglés con acento; por estar en una determinada ubicación, o por el tipo de trabajo que realizan. La decisión eliminó una orden de restricción temporal (TRO) impuesta por un tribunal federal en el caso Vasquez Perdomo v. Noem.
En su disenso, la jueza Sonia Sotomayor no solo advirtió sobre el uso indebido del expediente de emergencia por parte del gobierno, sino que también agregó: “No deberíamos vivir en un país donde el gobierno puede detener a cualquiera que luzca latino, hable español y parezca tener un trabajo mal remunerado”.
Defensores de los derechos humanos e inmigrantes aseguran que la decisión sienta un precedente peligroso al permitir que ICE practique perfiles raciales contra latinos en todo el país, violando sus derechos bajo la Cuarta Enmienda. Inmigrantes latinos que hablaron con Documented dijeron que esta decisión confirma que la administración Trump está discriminando a la comunidad latina y que su incertidumbre para vivir en el país ha aumentado.
Lucio, quien migró a Estados Unidos desde Ecuador hace 18 meses y trabaja en un taller mecánico en Nueva Jersey, dijo que la decisión de la corte beneficia la agenda del presidente Trump de detener a la mayor cantidad de personas posible. “Es un negocio. Le están pagando a los centros de detención por tener gente detenida. Cuantos más detienen, mejor para el negocio”, dijo, agregando que ha seguido cerca las redadas de ICE en fábricas y granjas en todo el país.
Paz, un inmigrante que vive en Jamaica, Queens, que pidió a Documented usar solo su apellido por miedo a represalias, observó cómo los esfuerzos de deportación masiva por parte de la administración parecen centrarse exclusivamente en personas de color. “No ves que estén deteniendo a personas blancas”, dijo en español, agregando que el nuevo presupuesto de ICE le da a la agencia más libertad para detener a más personas que nunca, especialmente en condados conservadores como Long Island.
Aunque ya cuenta con su permiso de trabajo y número de seguro social, los cuales obtuvo mediante una petición de visa U, Paz, quien migró desde Honduras hace 17 años, dijo que aún no se siente seguro mientras Trump siga en el poder. “Ayer, cuando llegué del trabajo, ICE estaba cerca de donde vivo. Había olvidado mi teléfono en el carro y estaba por ir a buscarlo, pero cuando los vi me pregunté: ‘¿Qué estoy haciendo afuera? Así que me regresé de inmediato a casa”, contó.
El trabajador de la construcción de 42 años explicó que su esposa e hijas a menudo apagan las luces y la televisión para resguardarse en su casa cada vez que escuchan que ICE está en las calles de Jamaica, Queens, donde residen.
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Nadia Marin-Molina, codirectora ejecutiva de la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON, por sus siglas en inglés), dijo a Documented que la decisión autoriza a la administración a continuar su campaña de intimidación.
“Es una decisión terrible. Parece dar permiso a la administración para realizar perfiles raciales y agredir a la gente en la calle”, dijo Marin-Molina, explicando que el impacto de esta decisión va más allá de los inmigrantes y latinos en EE.UU. “Están socavando los derechos de la Cuarta Enmienda de todos”, agregó, indicando que ciudadanos estadounidenses ya han sido arrestados en varias partes del país.
Además, en respuesta a la opinión concurrente del juez Kavanaugh, que instruye a los agentes de inmigración a liberar de inmediato a cualquier persona si “descubren que es ciudadana estadounidense o se encuentra legalmente en Estados Unidos”, Marin-Molina dijo que ninguna persona debería pasar por condiciones terribles, abusos y el proceso para salir de un centro de detención.
A nivel nacional, otros grupos también condenaron la decisión del tribunal supremo. La presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Hispanos, Rosevelie Márquez Morales, recalcó que la raza, el idioma, el lugar de trabajo o la ubicación nunca deberían convertir a una persona en sospechosa. También calificó el fallo como una amenaza a las libertades civiles de todos.
Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, también coincidió en que el fallo pone en riesgo las libertades civiles de las comunidades de color. “Ahora todas las familias negras y latinas enfrentan acoso injustificado por parte de agentes de ICE en las calles — ya sea en California o en Nueva York. Cada familia en estas comunidades vive con miedo elevado, sin saber si sus seres queridos regresarán sanos a casa o sobrevivirán el día, simplemente por existir”, afirmó en un comunicado.
Sobre el impacto que esto tendrá en comunidades inmigrantes, como los más de 10.000 jornaleros en la ciudad de Nueva York que NDLON representa, Marin-Molina dijo que esta decisión llevará a más personas a esconderse y aislarse. “Ha sido un objetivo claro de esta administración… asustar a la gente para convencerla de que se vaya del país. Han gastado cientos de millones de dólares. Tuvieron una campaña en televisión del Departamento de Seguridad Nacional para enviar ese mensaje — y ahora la corte lo está apoyando”.
Marin-Molina añadió que alienta a más personas a solidarizarse y apoyar a la comunidad inmigrante, incluso a organizaciones que normalmente no se enfocan en inmigración o en derechos humanos.
Mientras tanto, Paz dijo que el aumento en la vigilancia migratoria ha hecho más difícil la vida en Estados Unidos, incluso mientras se acerca a cumplir dos décadas en el país. Sus hijas luchan por entender la incertidumbre que enfrentan a diario y con frecuencia preguntan por qué deben apagar las luces o guardar silencio.
“La niña de nueve años a veces llora y pregunta por qué hacen esto, que todos los niños deberían estar con sus padres. Preguntan: ‘¿Por qué están mandando a la gente a otro país si no están haciendo nada malo?’”, dijo Paz. Agregó: “Solo le pedimos a Dios que sobrevivamos a esta administración o que Dios toque su corazón y cambie de parecer. Que haga algo por la comunidad inmigrante”.
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