Cada día, Mamadou Diallo, un solicitante de asilo de 21 años, recorría en su bicicleta eléctrica las calles del East Village para realizar entregas de Uber Eats y DoorDash. Según dijo, ganaba un promedio de 110 dólares diarios, con los que pagaba el alquiler, compraba comida, cuidaba a su hermano de 18 años en Nueva York y enviaba remesas a su madre en Guinea, de donde migró en diciembre de 2023.
Sin embargo, desde hace más 40 días, Diallo ha tenido que pedir prestada la bicicleta de un amigo ya que su propia bicicleta permanece incautada en el precinto 9 del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés), tras ser confiscada durante una operativo en el East Village el 30 de julio. Diallo contó que él y otros repartidores inmigrantes guineanos habían estacionado sus bicicletas cerca de una mezquita tras una larga jornada laboral. Suelen dejarlas allí, confiando en la comunidad fulani que cuida de las bicicletas día y noche. La policía se las llevó alrededor de la medianoche, relató.
“Estacionamos nuestras bicicletas junto a la mezquita. Ese día había limpieza de calles, pero no fuimos informados, y la policía vino y se llevó todas las bicicletas,” dijo Diallo a Documented en francés. Agregó que perder su bicicleta le ha costado más de 2.000 dólares en salarios perdidos.
El NYPD confiscó un total de 53 bicicletas eléctricas durante operativos el 30 de julio y el 28 de agosto, tras recibir denuncias al 311 por “condiciones peligrosas” relacionadas con estos vehículos. Repartidores originarios de países de África Occidental dijeron a Documented que no recibieron notificación previa sobre la primera redada y que la pérdida de sus bicicletas les generó pérdidas económicas. Algunos temían que al intentar recuperarlas podrían recibir una citación penal, algo que el NYPD negó.
Defensores afirman que las redadas son otro ejemplo de la criminalización de los cerca de 65.000 repartidores en la ciudad —la mayoría nacidos en el extranjero— por parte de la administración del alcalde Adams. Alegan que la ciudad no ha abordado la falta de infraestructura necesaria para esta creciente fuerza laboral.
Diallo contó que su amigo, al intentar recuperar una bicicleta, recibió una boleta rosada utilizada para emitir citaciones penales. “No pude ir porque sé que un ticket criminal no es bueno”, dijo.
Un vocero del NYPD negó que se estuvieran emitiendo citaciones penales.
“Dejar propiedad movible atada a propiedad de la ciudad sin supervisión es una violación del Código Sanitario”, dijo el vocero a Documented en un comunicado. “Al comprobar la propiedad de la bicicleta, se les entrega una citación por dicha violación. Es una infracción civil; no genera antecedentes penales”.
Agregó que durante la operación hubo traductores disponibles para explicar el proceso de recuperación de bicicletas incautadas. También indicó que el 311 recibió 28 llamadas por “condiciones peligrosas” relacionadas con las bicicletas estacionadas en las aceras, y que el equipo de Asuntos Comunitarios y Prevención del Delito del precinto 9 realizó labores de divulgación en la zona para alertar a los residentes sobre el operativo —colocando carteles en varios idiomas.
“Una vez que resuelven la citación, se les devuelve la bicicleta”, añadió el vocero.
Sin embargo, Tyler Hefferon, director ejecutivo de Cafewal, un centro de recursos que asiste a migrantes de África Occidental en el East Village, afirmó que la interpretación no fue proporcionada por el NYPD, sino por voluntarios de organizaciones locales como Cafewal y Los Deliveristas Unidos. Aunque Cafewal ha ayudado a recuperar más de seis bicicletas incautadas, Hefferon señaló que algunos trabajadores inmigrantes siguen temiendo acudir al precinto para recuperar las suyas por temor a recibir una citación penal, algo que podría afectar sus trámites migratorios.
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Hefferon indicó que los boletos que recibieron los migrantes llevaban la frase “criminal summons” en la parte superior, aunque el código de violación y el tribunal asignado correspondían a una corte administrativa, también conocida como corte civil.
Desde la primera redada en julio, la comunicación entre el departamento de Asuntos Comunitarios del precinto y las organizaciones que apoyan a los repartidores en el East Village ha mejorado, aseguró Hefferon.
“La primera vez pedían un recibo de compra. ¿Quién anda con un recibo de su bicicleta? Es difícil encontrarlo, especialmente entre quienes las compran en efectivo a particulares”, explicó. “En esta última ocasión, hubo algún cambio —gracias a la intervención de algunos funcionarios electos— y ahora aceptan las llaves como prueba de propiedad”.
Ligia Guallpa, directora ejecutiva y cofundadora de Los Deliveristas Unidos — que aboga por los más de 65.000 repartidores en la ciudad— dijo que el operativo del NYPD no resuelve el problema de fondo: la falta de infraestructura y espacio para los repartidores.
“Lo que estamos viendo en el Lower East Side es que estos operativos no son aislados, sino parte de una tendencia más amplia de criminalizar a los trabajadores inmigrantes bajo el disfraz de seguridad pública o, entre comillas, ‘mejorar la calidad de vida’”, señaló.
Guallpa afirmó que los repartidores inmigrantes afrodescendientes trabajan todo el día para la comunidad entregando comida, víveres y otros artículos, pero que su presencia como seres humanos no es aceptada.
“El trabajo que realizan requiere del uso de bicicletas eléctricas,” dijo. “[Los operativos] también evidencian cómo la administración está dispuesta a deshumanizar a estos trabajadores e ignorar las causas de fondo del problema en la comunidad, al intentar resolverlo únicamente con más presencia del NYPD, lo cual afecta a personas de color”.
El vocero del NYPD dijo a Documented que han estado trabajando con el Departamento de Transporte (DOT) para ofrecer estacionamientos dedicados para bicicletas, y que las bicicletas confiscadas serían retenidas hasta 30 días en el precinto 9 hasta confirmar su propiedad. Guallpa y Hefferon indicaron que la Junta Comunitaria 3, que representa el vecindario, está en conversaciones con el DOT para instalar espacios de estacionamiento (corrales) en la zona.
Mientras tanto, Diallo está considerando comprar una bicicleta nueva. “Necesitas como mil dólares,” dijo, reconociendo que es mucho dinero, pero que preferiría ahorrar para una bicicleta nueva antes que arriesgarse a recibir una citación.
“Si queremos recuperar la bicicleta, la única solución es aceptar el ticket”, afirmó. “Prefiero no tomarlo por la situación [migratoria] en la que estamos. No es fácil”.
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