Los defensores de los derechos de los inmigrantes condenaron este lunes la nueva regla de “carga pública” anunciada por la administración de Donald Trump y advirtieron que podría desalentar a miles de familias a solicitar asistencia del Estado.
Anunciada el jueves pasado, la medida podría dificultar que muchos inmigrantes obtengan la residencia permanente si las autoridades consideran que es probable que dependan de beneficios públicos en el futuro.
La nueva regla entrará en vigor el 18 de septiembre y permitirá que un oficial, durante el proceso de residencia permanente, estime si un no ciudadano dependerá principalmente de asistencia gubernamental. Las autoridades podrían rechazar el pedido si concluyen que el solicitante probablemente se convertirá en una “carga pública”.
Organizaciones defensoras de los inmigrantes advierten que la medida podría generar temor entre miles de familias inmigrantes. Además, podría provocar que las personas elegibles dejen de solicitar atención médica y otros servicios esenciales. La decisión también podría contribuir a la inseguridad alimentaria y a la falta de vivienda.
Representantes de la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC, por sus siglas en inglés), el Arab American Family Support Center, la Asian American Federation, Cabrini Immigrant Services of NYC, la Comisión Latina sobre el Sida y otras organizaciones afirmaron durante una conferencia de prensa que la política representa un importante retroceso que perjudica a los inmigrantes de Nueva York.
“Esta regla de carga pública es cruel, insensible y miope”, dijo Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de la NYIC.
En tanto, Zach Kahler, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), defendió la política de la administración en un comunicado.
“La administración Trump está haciendo cumplir el Estado de derecho y protegiendo a los contribuyentes estadounidenses de subsidiar a extranjeros que puedan llegar a depender de beneficios públicos”, dijo. “USCIS está comprometido con proteger la seguridad y el bienestar financiero de los estadounidenses”.
Esto es lo que debes saber:
¿Qué cambia con la nueva regla de carga pública?
La política reemplaza una lista definida de beneficios públicos por un criterio más amplio basado en la “totalidad de las circunstancias”.
Bajo la política todavía vigente y durante la administración Biden, los funcionarios de inmigración generalmente solo consideran dos categorías de beneficios públicos para evaluación de carga pública:
- Programas de asistencia en efectivo, como el Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés) y Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés).
- Atención institucional de largo plazo financiada por el gobierno, como hogares de ancianos o centros de salud mental.
Sin embargo, la nueva regla no incluye una lista específica de beneficios públicos que podrán ser considerados, explicó Carlos Arnao, director de Healthy Communities de la NYIC.
Según la interpretación de las organizaciones defensoras, ahora la determinación de carga pública podría considerar una gama más amplia de programas sujetos a verificación de ingresos. Entre ellos figuran el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), Medicaid, el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés) y la asistencia de vivienda de la Sección 8.
Arnao también afirmó que el cambio amplía la discrecionalidad de los funcionarios de inmigración y podría abrir la puerta a sesgos personales.
“Están abriendo la puerta a considerar prácticamente todos los beneficios públicos sujetos a verificación de ingresos, obligando a las personas a elegir entre su estatus migratorio y sus necesidades básicas”, dijo.
Según USCIS, los funcionarios evaluarán la información presentada en la solicitud de residencia permanente (Formulario I-485), el examen médico de inmigración (Formulario I-693) y otras pruebas pertinentes, incluido el uso de beneficios públicos sujetos a verificación de ingresos, para determinar cuán probable es que una persona se convierta en una carga pública.
Cuando corresponda, los funcionarios podrán revisar la declaración jurada de patrocinio económico (Formulario I-864) presentada por el patrocinador del solicitante.
USCIS indicó que utilizará toda la información disponible de otras agencias gubernamentales para verificar los datos proporcionados por los solicitantes.
La agencia también publicará una versión revisada del Formulario I-485. Las solicitudes que utilicen versiones anteriores del formulario y sean presentadas a partir de la fecha en que la nueva regla entre en vigencia no serán aceptadas.
¿Cuándo entra en vigencia la regla?
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) emitió la regla final el 16 de julio. Está previsto que entre en vigencia el 18 de septiembre. No obstante, organizaciones defensoras señalaron que posibles demandas judiciales podrían retrasar o bloquear su implementación.
Si recibí beneficios públicos en el pasado, ¿me afectará la nueva medida?
No. La medida no tiene efecto retroactivo, explicó Arnao.
Si una persona recibe beneficios públicos antes de que la norma entre en vigencia y dejó de recibirlos antes del 18 de septiembre, estos no deberían ser considerados en la evaluación del caso.
Sin embargo, si una persona continúa recibiendo beneficios públicos al solicitar una green card a partir del 18 de septiembre, las autoridades de inmigración podrían considerar tanto esos beneficios como los que reciban determinados familiares a quienes el solicitante tenga la obligación legal de mantener.
¿Quiénes se verán afectados?
En términos generales, la regla afectará a ciertos inmigrantes que buscan ajustar su estatus a residente permanente legal o ser admitidos en los Estados Unidos. No se aplica a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes legales actuales ni a muchas otras categorías de no ciudadanos.
Se espera que la nueva regla afecte a cientos de miles de inmigrantes y sus familias. El DHS estima que alrededor de 950.000 personas podrían optar por retirarse o no inscribirse en seis programas de beneficios públicos sujetos a verificación de ingresos, entre ellos Medicaid, SNAP, CHIP y la asistencia federal para el alquiler, debido a la nueva norma.
Durante la administración Biden, el Congreso eximió a determinados grupos de la regla de carga pública y esas exenciones permanecen vigentes bajo la administración Trump. Según USCIS, entre los grupos exentos se encuentran los refugiados, asilados, titulares de visas U y visas T, entre otros. Estas exenciones seguirán figurando en el Formulario I-485 y en la guía de políticas actualizada de USCIS antes de la entrada en vigor de la regla.
Arnao advirtió que algunos inmigrantes actualmente exentos podrían quedar sujetos a la nueva evaluación si solicitan ajustar su estatus a residente permanente legal. En esos casos, explicó, los funcionarios podrían considerar el uso de beneficios públicos al evaluar la solicitud.
¿Pueden afectar mi solicitud de residencia los beneficios que recibe un familiar?
Es posible.
Arnao explicó que la nueva regla permite que los funcionarios de inmigración consideren los beneficios recibidos por los dependientes a cargo del solicitante, como hijos, padres, abuelos u otros familiares a quienes tenga la obligación legal de mantener.
Bajo la regla anterior, en general no se consideraban los beneficios recibidos por familiares.
¿Qué puede ocurrir si las autoridades determinan que probablemente me convertiré en una carga pública?
Conforme a la política migratoria vigente desde hace décadas, las autoridades federales pueden negar el ingreso a los Estados Unidos o rechazar la solicitud de ajuste de estatus a residente permanente legal.
Me preocupa que la nueva regla me afecte. ¿Qué debo hacer?
Funcionarios de la ciudad de Nueva York recomendaron a los inmigrantes consultar con un abogado de inmigración calificado antes de suspender cualquier beneficio público.
“Sé que muchos inmigrantes en Nueva York se sienten ansiosos y se preguntan qué podría significar esto para ellos y para sus familias. Así que quiero comenzar con este mensaje: todavía no ha cambiado nada”, dijo Faiza N. Ali, comisionada de la Oficina de Asuntos de los Inmigrantes de la Alcaldía de Nueva York.
Ali reiteró que la regla no entrará en vigencia hasta el 18 de septiembre y que aún podría ser suspendida por los tribunales.
Si tienes preguntas sobre la medida, puedes llamar a la línea gratuita y confidencial de asistencia legal para inmigrantes de la ciudad al (800) 354-0365. El personal capacitado puede conectarte con proveedores de servicios legales en tu idioma de preferencia. También puedes obtener más información en nyc.gov/publiccharge.
“Hoy y todos los días les decimos a nuestras comunidades inmigrantes que ustedes pertenecen aquí”, dijo Ali. “Seguiremos luchando por su derecho a vivir con dignidad y seguridad en la ciudad que todos llamamos hogar”.
