La Corte Suprema de Estados Unidos (SCOTUS, por sus siglas en inglés) autorizó el 30 de mayo a la administración del presidente Donald Trump poner fin al programa de permiso humanitario CHNV, una política implementada durante la presidencia de Joe Biden que otorgó estatus legal temporal y permisos de trabajo a más de 532000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
La decisión fue emitida mediante una orden que levantó la medida cautelar impuesta previamente por un juez federal en Massachusetts, la cual había bloqueado temporalmente la terminación del programa. Tras el fallo, el gobierno de Trump podrá avanzar con la revocación del estatus de permiso humanitario, incluso mientras las cortes inferiores siguen evaluando la legalidad del cambio de política.
Dos jueces designados por los demócratas, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, discreparon, expresando su preocupación por el impacto del fallo en las protecciones humanitarias. Jackson advirtió: “La Corte permite al Gobierno hacer lo que desea sin restricciones, anulando la fuerza de la ley y desatando devastación en el proceso”.
Según un aviso publicado por el Departamento de Seguridad Nacional en mayo, los beneficiarios del programa CHNV deberán abandonar Estados Unidos antes de que expire su permiso de permanencia, a menos que consigan otra vía legal para quedarse.
El programa fue lanzado en enero de 2023 durante el mandato de Biden como estrategia para frenar los flujos migratorios en la frontera sur. Otorgaba permisos de permanencia por dos años a ciudadanos de los cuatro países seleccionados que huían de violencia, represión política y crisis económicas. Estos migrantes ingresaron legalmente a través de la aplicación CBP One, y recibían autorización para trabajar en EE.UU.
Al regresar a la Casa Blanca, Trump ordenó a las agencias federales desmantelar el programa como parte de su decreto ejecutivo “Asegurando Nuestras Fronteras”. Su gobierno cerró CBP One y lanzó una nueva plataforma, CBP Home, que exige a migrantes indocumentados notificar su intención de abandonar voluntariamente el país.
Karen Tumlin, directora del Justice Action Center, calificó la decisión como “el mayor programa de deslegalización masiva en la historia de EE.UU.” y lamentó que medio millón de personas perderán su estatus legal de forma abrupta. “Es un día triste”, declaró. “La Corte Suprema ha permitido que la administración Trump cause un caos generalizado, no solo para nuestros representados, sino también para sus familias, lugares de trabajo y comunidades”.
Guerline Jozef, directora de Haitian Bridge Alliance, dijo que la medida es “cruel, inhumana e indigna”. Subrayó que afecta a personas que cumplieron todas las reglas y buscaban seguridad.
“Estamos indignados por estos ataques continuos a nuestras comunidades, incluidas aquellas personas que ingresaron legalmente bajo el programa CHNV”, dijo. “Se les prometió una oportunidad y ahora son traicionados. Pero nuestras comunidades son fuertes, resilientes y seguiremos luchando por la justicia”.
También lee: Revocación y terminación de visas: lo que los estudiantes internacionales deben saber
