Cada año, miles de niños no acompañados (UAC, por sus siglas en inglés) migran a Estados Unidos en busca de protección frente a la violencia y la inestabilidad en sus países de origen. Ellos dependen de ayuda pro-bono legal para presentar sus casos en las cortes de inmigración. Sin embargo, en marzo, la administración de Trump recortó los fondos a más de 80 proveedores de servicios legales del programa que ofrece representación legal gratuita. Defensores en Nueva York y en todo el país advierten que esta decisión dejará a los niños — algunos de apenas 18 meses — con la difícil tarea de representarse a sí mismos en un país nuevo y en un idioma que no hablan.
“Si no se restablece la representación y finalmente se elimina, niños de hasta dos años, o incluso más pequeños, se verán obligados a ir a la corte, sentarse frente a un abogado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) altamente capacitado e intentar defender su caso por su cuenta. Y todo esto ya en un idioma que no es el suyo”, dijo Ailin Buigues, directora de programas de representación legal del Acacia Center for Justice, una organización nacional que ofrece servicios legales a niños no acompañados.
Defensores y proveedores legales que luchan por restablecer el servicio señalan que muchos de estos niños han huido del abuso, el abandono o la negligencia. Incluso hay quienes han sido víctimas de trabajo forzado o trata de personas. Buigues añadió que, mientras algunos buscan reunirse con sus familias y tener acceso a educación, otros escapan de persecución religiosa y problemas climáticos. Sin representación legal, estos menores enfrentan un mayor riesgo de deportación.
Durante el último año fiscal, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados recibió 98.356 derivaciones de niños no acompañados por parte de DHS. En el momento del recorte de fondos, más de 26.000 niños estaban recibiendo representación a través del programa y sus proveedores legales.
Mientras tanto, más de la mitad de los estadounidenses apoyan esta iniciativa: el 61% indicó estar a favor del programa en una encuesta nacional.
En Nueva York, la mayoría de los niños no acompañados provienen de países de América Latina como Honduras, Guatemala, El Salvador y Ecuador. La representación legal suele ser el factor decisivo entre la seguridad y la deportación para ellos, afirmó Angela Fernández, directora ejecutiva del Safe Passage Project, que representa a niños inmigrantes en NY. “El Programa de Niños No Acompañados no es solo un salvavidas”, dijo. “Es una obligación moral protegerlos”.
Safe Passage Project ha ganado el 90% de sus casos de ayuda legal para menores, pero Fernández señala que sin representación legal, esa tasa de éxito cae drásticamente a menos del 20%.
“Estos niños están navegando uno de los sistemas legales más complejos del país, sin derecho a un abogado asignado por la corte”, afirmó Fernández. “Pueden ser deportados de regreso al mismo peligro del que huyeron sin haber tenido siquiera una oportunidad real de defender su caso”.
Michelle Ortiz, directora de Servicios Legales en EE.UU. del International Rescue Committee, que representó legalmente a 500 niños el año pasado, señaló que ha tenido que representar a niños que ni siquiera podían decir su nombre completo y que ha tenido que considerar si debía cargar a algunos en brazos al tribunal debido a su corta edad. Asegura que es inconcebible esperar que un niño enfrente a un fiscal de ICE que intenta deportarlo.
“Estamos esperando que niños de 18 meses, cinco años, nueve años, incluso quince, pasen por estos procedimientos increíblemente complejos que tienen un enorme impacto en su futuro: si estarán a salvo del daño, del abuso o de la explotación”, dijo Ortiz. “Hay demasiado en juego para estos niños, y ahora el gobierno espera que presenten sus casos por sí solos”.
Ortiz también señaló que los niños que no tienen abogado tienen menos probabilidades de presentarse en la corte porque se sienten intimidados, lo que aumenta su riesgo de ser detenidos o deportados. En cambio, los que sí cuentan con representación legal tienen más posibilidades de recibir protección.
“Creo que todos los estadounidenses deberían preguntarse por qué esta administración prioriza devolver a los niños al peligro y por qué el gobierno no prioriza el apoyo que los niños necesitan para luchar legalmente por los derechos que les corresponden”, dijo Roxana Avila-Cimpeanu, subdirectora del Florence Immigrant & Refugee Rights Project en Arizona, que brindó representación legal directa a más de 1,000 niños en 2023.
Señaló que la falta de abogados no será un factor disuasivo para los niños no acompañados que llegan a EE.UU., ya que muchos ni siquiera saben qué es un abogado. Esto los pondrá en riesgo de vivir situaciones peligrosas. En un caso, el Florence Project representó a una niña que huyó de abusos por parte de su tía en Guatemala. Su tía le había dado un té con ingredientes para provocarle un aborto en contra de su voluntad. La niña llegó a EE.UU. buscando reunirse con su madre —y el caso era urgente porque estaba nuevamente embarazada. Tras ser enviada a un albergue infantil y puesta en proceso de deportación, recibió representación del Florence Project, que la ayudó a ganar su caso de asilo.
Luego del recorte de fondos al Programa de Niños No Acompañados por parte del gobierno de Trump, 11 organizaciones legales presentaron una demanda a fines de marzo para restablecer el programa y seguir prestando representación a los menores. A inicios de este mes, un juez federal emitió una orden de restricción temporal para continuar los servicios legales hasta el 16 de abril, plazo que luego se extendió hasta el 30 de abril.
Sin embargo, Buigues señaló que el Acacia Center for Justice aún no ha recibido notificación del Departamento del Interior ni del gobierno para reanudar los servicios, por lo que el programa sigue detenido. Como el gobierno no ha cumplido con la orden judicial que obligaba a mantener los fondos hasta la fecha límite, la demanda también incluye una “moción para hacer cumplir” el fallo.
“Esta semana hay niños que tienen audiencia; la semana pasada también la tuvieron. Seguirán teniendo audiencias y necesitan desesperadamente la guía y el apoyo de un adulto de confianza para poder atravesar este proceso”, dijo Buigues.
Además de la demanda, también hay un esfuerzo legislativo en curso para garantizar el acceso a representación para niños inmigrantes. El senador Jeff Merkley (D-Ore.) está preparando la reintroducción de la Children ‘s Safe Welcome Act en los próximos meses, que revertiría la orden de la administración Trump de recortar los fondos al programa.
Aun así, defensores de justicia migratoria y prestadores de servicios legales siguen preocupados por el hecho de que los menores seguirán asistiendo a la corte y siendo procesados sin abogado bajo el contrato actual. Desde que se cortó el financiamiento, algunos de los más de 80 proveedores han seguido representando a niños usando sus reservas financieras o donaciones, a la espera de que los fondos sean restaurados.
“Esta será una batalla larga”, dijo Avila-Cimpeanu. “Estamos plenamente comprometidos a luchar por la protección de los niños y a garantizar que tengan acceso real a representación legal y que el gobierno cumpla con su obligación de financiar este trabajo”.
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